Foto del 19 de marzo de 2019, durante la presentación de las Prisiones Escuelas. (Suministrada por La Fortaleza).

Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo

El gobierno de Puerto Rico retiró por segunda vez el contrato que sometió a la Junta de Control Fiscal (JCF) para el traslado de confinados a cárceles privadas de Estados Unidos.

“Dado a que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) retiró el contrato del proceso de revisión que hace la Junta, no se concluyó la evaluación del mismo”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) José Luis Cedeño, portavoz de prensa de la Junta. La AAFAF asiste al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para establecer el programa de traslado.

En octubre del año pasado, el DCR había retirado el contrato, que comenzaría en $25 millones, debido a que la Junta “solicitó cierta información adicional”, dijo al CPI Héctor Pérez, portavoz de prensa del DCR. En febrero, esa agencia volvió a someterlo para consideración de la Junta, que debe aprobar los contratos que sobrepasan los $10 millones.

“Se retira el contrato, pero no es que no va; se coloca en pausa porque para yo tener un programa exitoso necesito que la Junta apruebe un planteamiento que hemos sometido y que se está evaluando desde noviembre”, dijo al CPI Erik Rolón, secretario de Corrección, quien precisó que el contrato fue retirado por segunda vez la segunda semana de abril.

El planteamiento al que hizo referencia Rolón es que para este año fiscal la JCF le aprobó a Corrección en el presupuesto un estimado de ingresos propios “bien por debajo” de lo que según el funcionario está generando su agencia.

“Ya nosotros decidimos que para que [el programa] fuese exitoso, yo necesito esos fondos para entonces poder hacer mejoras y reparaciones en ciertas instituciones, porque de esa manera yo duplico la consolidación de instituciones correccionales, que es donde entonces realmente están los ahorros. De nada vale yo seguir para adelante [con el programa de traslado] si mi premisa fiscal no se cumple”, indicó Rolón.

La diferencia entre lo que aprobó la Junta para el presupuesto vigente y lo que genera su agencia es de $5 millones, y corresponde a un acuerdo en el que el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) le paga a Corrección por albergar confinados en cárceles de Puerto Rico, según Rolón.

El presupuesto fue aprobado en julio 2018, pero Corrección sometió a la Junta un “planteamiento para ajustar el estimado de ingresos propios” en noviembre, dijo el Secretario.

El CPI preguntó a Rolón: ¿por qué Corrección volvió a someter el contrato de traslado en febrero sabiendo que no contaba con esos $5 millones en el presupuesto? La respuesta del Secretario, enviada por correo electrónico, no contesta la pregunta: “se volvió a someter la aprobación del contrato porque lo medular es la premisa fiscal”.

¿Si Corrección no logra obtener el presupuesto para la consolidación de instituciones, el programa de traslado se cancelaría?, preguntó el CPI a Rolón. El secretario no contestó esta pregunta.

El CPI solicitó a la Junta de Control Fiscal una reacción sobre las declaraciones de Rolón, pero la solicitud no fue contestada.

Reacciona CoreCivic

En julio de 2018, el DCR adjudicó el contrato para el programa a la empresa CoreCivic, por un monto que podría alcanzar $125 millones en cinco años. Desde entonces, según se había informado, esperaban por la aprobación de la Junta para firmarlo.

¿Los atrasos en la aprobación del contrato afectan la disponibilidad de CoreCivic para firmar el acuerdo?, preguntó el CPI a Rolón.

“Es un riesgo que nos estamos tomando. Obviamente, al no haber un acuerdo firmado, ellos están en toda la libertad de alquilar los espacios [en la cárcel de Mississippi] a otro estado o jurisdicción… [CoreCivic] sigue teniendo información y cada vez que llamamos [a la Junta] nos dicen que sí, que están a punto de aprobarlo, pero como ya ha pasado un tiempo considerable, pues decidimos colocarlo en pausa”, respondió el Secretario.

Rolón dijo que CoreCivic no le ha impuesto una fecha límite para la aprobación del contrato. “Llegamos a un acuerdo en el que en el momento en que lo vayan a hacer [alquilar los espacios a algún estado] nos van a estar notificando”, dijo Rolón.

“Estamos listos para ayudar a Puerto Rico cuando el Gobierno nos lo solicite, si así lo decide”, contestó Steven Owen, director de comunicaciones de CoreCivic, cuando el CPI preguntó si la empresa sigue interesada en el contrato. También se le preguntó si Corrección ha mantenido informada a la empresa y hasta cuándo están dispuestos a esperar por la aprobación del contrato, pero se limitaron dar solo una oración como respuesta.

Corrección emplea recursos en un programa sin aprobación y sin confinados

Desde el año pasado, el DCR ha empleado recursos en la gestión del programa de traslado, como por ejemplo dos viajes para evaluar cárceles propuestas para albergar a los confinados y que costaron, según Rolón, aproximadamente $10,000 cada uno. En cada viaje fueron cuatro funcionarios de Corrección, primero a La Palma Correctional Facility en Arizona, y luego a Tallahatchie Correctional Facility en Mississippi. Corrección también ha llevado a cabo orientaciones a los confinados sobre el programa de traslado en varias cárceles, donde primero se ofreció como destino La Palma Correctional Facility en Arizona, y luego cambiaron a Tallahatchie Correctional Facility en Mississippi.

Corrección esperaba que más de 1,000 confinados participaran en la primera fase de traslados. Pero hasta el 16 de octubre de 2018 habían orientado a prisioneros de diez cárceles y el número de confinados interesados en el programa de traslado era de 490 confinados, informó al CPI Waldo Díaz, relacionista público de Corrección. La meta es que en cinco años se trasladen 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal; más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente. Lo población penal que se acoja al programa de traslado sería recluida en la cárcel Tallahatchie Correctional Facility en Mississippi.

Una factura de la firma Bluhaus Capital, asesores de AAFAF, indica que estuvieron analizando alternativas al programa de traslado denominado Out of State. El documento, sometido en el caso de quiebra del Gobierno en el tribunal federal, dice que el 2 de octubre de 2018 Jesús F. Méndez Rodríguez, director general de Bluhaus, analizó “alternativas a la propuesta Out of State”. El mismo día, Méndez Rodríguez y Lorenzo Blanco Blasini, analista de Bluhaus, se reunieron con personal del DCR para discutir el contrato del programa de traslado.

El DCR también recibió asesoría de la firma legal Sydney Denson LLC, que tiene un contrato de $20,000 con Corrección.

Desde que se supo del programa a principios del año pasado, organizaciones y grupos civiles se han opuesto a la media, por el historial de violación de derechos civiles de la empresa CoreCivic, la separación de los confinados de sus familiares, el entorpecimiento del proceso penal para los reos y porque es una medida que se llevó a cabo durante las administraciones de Pedro Rosselló y Luis Fortuño sin buenos resultados, entre otros argumentos.

Entre las organizaciones que se oponen al programa se encuentran la Sociedad para la Asistencia Legal, el Comité de Amigos y Familiares del Confinado, la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria, la American Civil Liberties Union (ACLU), la Comisión de Derechos Civiles y la Asociación Pro-Derechos y Rehabilitación del Confinado, conocida como ÑETA.