Foto: Dennis Rivera|CPI
En el juicio que comienza este jueves se pone a prueba si PROMESA protege o no al gobierno de Puerto Rico en contra de las demandas de los bonistas y los fondos buitre.
Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
Este jueves 22 de septiembre, comienza un proceso judicial en el Tribunal Federal que va a determinar si el gobierno de Puerto Rico tendrá que destinar dinero de su presupuesto para el pago de las deudas a los bonistas que ha declarado que no puede pagar.
Desde las 9:00 a.m. el juez federal Francisco Besosa escuchará los argumentos para decidir si la suspensión automática de litigios que establece la Ley federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica para Puerto Rico (PROMESA) aplica o no en las demandas presentadas por varias firmas de inversión, bonistas en su carácter individual y aseguradoras de bonos municipales.
El bufete Adsuar, Muñiz, Goyco Seda & Pérez-Ochoa representará este jueves a la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation frente al juez Besosa, quien fue socio fundador de ese mismo bufete, que anteriormente llevaba el nombre de Adsuar, Muñiz, Goyco & Besosa. National Public Finance Guarantee Corporation es la aseguradora de alrededor de $3,800 millones de bonos del gobierno.
Besosa no es novato en este tema. Ya ha presentado dos órdenes, en casos separados, en las que sostiene que la suspensión de litigios de PROMESA solo aplica a las demandas que se hagan para exigir pagos de deuda. El juez ha dicho además que el detente no aplica a las demandas que exigen que el gobierno no use para otros fines los fondos que deben ser destinados para el pago de las Obligaciones Generales, que son bonos que tienen prioridad de pago y que están garantizados por la Constitución.
En el caso que se verá el jueves, rivalizan contra el gobierno de Puerto Rico fondos buitre como Aurelius Capital, representados por el bufete puertorriqueño McConnell Valdés y el estadounidense Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber, este último famoso por prevalecer en el llamado “Juicio del siglo” en contra de Argentina. En ese caso, el periodista argentino Carlos Burgueño explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que los fondos buitre lograron el cobro de aproximadamente $9,500 millones y el gobierno argentino gastó cerca de $9,800 millones en multas y abogados.
El gobierno busca con su defensa que se aplique la suspensión de litigios que establece PROMESA para protegerse de las demandas de los acreedores, una de las razones principales por las que alegadamente apoyó la ley federal PROMESA.
Este podría ser el comienzo de un litigio largo, contencioso y costoso, donde se juega el quién decide cómo se usa el presupuesto del gobierno, el cual sería revisado además por la Junta de Control Fiscal, un cuerpo de siete miembros nombrados por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas del gobierno y que puede imponer sus decisiones sobre la legislatura y el ejecutivo de Puerto Rico.
“Se le va la vida al gobierno. Si el juez Besosa abre la pluma, los procesos de reestructuración voluntaria mediante negociación se van a ir por el chorro”, estimó Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en procesos de quiebra.
Emmanuelli Jiménez entiende que bajo la Ley de Quiebra federal la determinación de no aplicar la suspensión de litigios no se sostendría. Según el abogado, esa regla también debería aplicar bajo la Ley PROMESA, la cual fue creada usando los reglamentos de las leyes de quiebra de Estados Unidos.
“Desde los primeros borradores de PROMESA he planteado que la inmolación del gobierno no iba a garantizar ninguna de las ventajas que reclamaba. La Ley de Moratoria fue sin duda un acto de emergencia y ‘defensa propia’ frente a los acreedores, la justicia federal y el resto de los componentes del gobierno federal”, analizó por su parte Carlos E. Ramos, abogado especializado en derecho constitucional.
“Sucedió lo que se esperaba: una interpretación de PROMESA que es plausible y posible sobretodo si la óptica es [priorizar] los intereses de los acreedores. Interpretar que un stay (suspensión) en cobro de deuda es distinto a cuestionar dónde y cómo el gobierno deposita su dinero en perjuicio de las reclamaciones una vez concluya el stay. Es, repito, legítima, pero muy restrictiva con los intereses de Puerto Rico y su gobierno. Muchos de estos casos están asignados a un juez y sistema de justicia federal que ya avaló estos enfoques restrictivos y contrarios a nuestros intereses colectivos”, añadió Ramos.
Trayectoria de Besosa con el tema de la deuda
El juez Besosa fue el autor de lo que podría considerarse como el primer capítulo de la trama judicial sobre la deuda del Estado Libre Asociado, cuando en febrero de 2015 declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, conocida como Ley de Quiebra Criolla.
En esa decisión, Besosa declaró que la Ley de Quiebra Criolla violaba la premisa de supremacía de las leyes federales, que establece que una ley federal va por encima de una ley local. También declaró que la Ley violaba la Constitución de Puerto Rico por ser un intento del gobierno para no cumplir con sus obligaciones con los bonistas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo validó.
En ese momento, el juez consideró que la crisis fiscal y de la deuda pública no eran tan graves como para que el gobierno tuviera que violar sus obligaciones de deuda. Como ejemplo utilizó el caso de la negociación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores, para argumentar que existen otras alternativas para reestructurar deudas sin violar acuerdos contractuales.
Con esa decisión, Besosa favoreció a los fondos mutuos Franklin y Oppenheimer, dos de los principales bonistas del gobierno, y al fondo buitre Bluemountain Management, quienes habían demandado en junio de 2014 para que se declarase inconstitucional la Ley de Quiebra Criolla. La derrota de la ley también desató la carrera al congreso en busca de que se incluyera a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la ley de quiebra federal, un proceso infructuoso que culminó con la creación de la Ley PROMESA y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal.
Ahora Besosa retoma la trama judicial de la deuda pública, que entra en una nueva fase este jueves, en donde subyace una pregunta similar a la del caso de la Ley de Quiebra Criolla: un año y medio después, ¿puede el gobierno pagar sus deudas o no?
Esta controversia por la aplicabilidad o no de la suspensión de litigios que establece PROMESA y se verá este jueves, comenzó el 8 de julio de 2016, cuando el juez Besosa declinó una petición radicada por el gobierno para detener una demanda presentada por la aseguradora National Public Finance Guarantee Corporation para invalidar la Ley de Moratoria.
Luego, el 2 de septiembre, Besosa rechazó la petición del gobierno para que se detuviera la demanda presentada el 20 de julio por las firmas Lex Claim; Jacana Holdings ( I, II, III, IV y V); MPR Investors LLC; ROLSG; RRW I LLC y SL Puerto Rico Fund II LP. Esta demanda fue presentada en el Tribunal de Nueva York.
Estas firmas son entidades manejadas por los fondos de cobertura Aurelius Capital Management, LP; Autonomy Capital (Jersey) LP; Covalent Partners LLC; FCO Advisors LP; Monarch Alternative Capital LP y Stone Lion Capital Partners LP, según Andrew Rosenberg de la firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, asesor legal de los tenedores de Bonos de Obligación General.
Rosenberg no respondió una solicitud de entrevista del CPI. Los abogados Donald Burke, Ariel N. Lavinbuk, Gary A. Orseck y Mark T. Stancil, del bufete Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber; Raúl M. Arias-Marxuach, del bufete McConnell Valdés; y Mark D. Brodsky, presidente de Aurelius Capital, tampoco respondieron a solicitudes de entrevista.
Para la vista del jueves, de parte de los demandantes, están citados a testificar abogados y representantes de las firmas Brigade Leveraged Capital Structures Fund, una división del fondo buitre Brigade Capital Management que participa en dos demandas contra el gobierno; la aseguradora National Public Finance Guarantee Corporation; el inversionista Dionisio Trigo-González, inversionista de la industria de restaurantes y parte del grupo que adquirió los activos del periódico El Vocero; y el U.S Bank Trust National Association, el cual funge como síndico de la deuda de la Universidad de Puerto Rico, cada uno de los cuales ha presentado litigios por separado en contra del gobierno de Puerto Rico por controversias relacionadas a deudas.
También podría testificar por la parte demandante Carlos Colón de Armas, economista, y Jorge Irizarry Herranz, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y corredor de bolsa (broker) del banco de inversión Morgan Stanley, el cual funge como presidente de la organización Bonistas del Patio. Estos podrían testificar o proveer “testimonio experto” en general sobre la condición del BGF y de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) al momento de la aprobación de la Ley de Moratoria; y en particular sobre la capacidad de estas dos entidades para cumplir con sus deudas, según documento del Tribunal que estipula quiénes serán los testigos. Tanto Colón de Armas como Irizarry Herranz han expresado públicamente que el gobierno tiene la capacidad de pagar sus deudas y se han opuesto a una reestructuración.
De parte del gobierno testificarían Yaimé Rullán Cabrera, secretario adjunto del Departamento de Hacienda; Andy Dillon de la firma Conway MacKenzine; Jonathan Arnold, consultor de la firma Compass Lexecon y Elizabeth Abrams, directora general de Millstein & Co., la principal firma asesora del gobierno en temas de reestructuración.
Francisco Besosa fue nombrado juez del Tribunal de Estados Unidos en San Juan por el expresidente George W. Bush en mayo de 2006, cuando contaba con 25 años de experiencia como abogado. En ese momento el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño era comisionado residente en Washington. Besosa trabajó en la División Civil de la Fiscalía de San Juan con Lucé Vela, abogada y notaria pública que pasaría a ser la primera dama durante la gobernación de Fortuño.
El juez federal Besosa ha visto casos controversiales y no es ajeno a los conflictos de interés. En enero de 2014, rehusó inhibirse en un caso de discrimen laboral donde la parte demandada, Stryker Corporation, era representada por la firma de abogados Schuster & Aguiló, para la que trabajaba su hijo Francisco Besosa Martínez. En el caso del matrimonio gay, Besosa decidió que era ilegal en Puerto Rico, una decisión que luego fue revocada por el Tribunal de Boston.
En el caso del asesinato de Miguel Cáceres por parte del policía Javier Pagán, Besosa sacó del pleito en el 2011 a los supervisores del agente y estableció que no expulsar al policía, a pesar del historial de violencia que le precedía, no les hacía responsables de la muerte de Cáceres. En otro juicio, uno lleno de contradicciones por parte del juez, Besosa finalmente sentenció al ex senador penepé Héctor Martínez a cuatro años de cárcel y tres años de libertad supervisada por delitos de soborno relacionados con la aprobación de proyectos de ley para favorecer a la empresa Ranger American.
En el caso de las cenizas de la carbonera AES, el letrado validó las ordenanzas municipales de Peñuelas y Humacao que restringen el uso de cenizas derivadas de la combustión de carbón.
