Un grupo de exempleados acusan al hospital de despedirlos injustamente amparándose en la Reforma Laboral que no les aplica
Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de 26 extrabajadores del departamento de planta Física del hospital Auxilio Mutuo demandaron a la institución por despidos ilegales e injustificados y por violar la ley al ampararse en la Reforma Laboral que no les correspondía. En la demanda se reclaman sobre $875,002.37 entre otros daños.
“Esto es un claro ejemplo de las injusticias que se están cometiendo en Puerto Rico desde que se implementó la Reforma Laboral. Esa ley les aplica a empleados nuevos, no a los que fueron contratados antes de que esa ley entrara en vigor. Sin embargo, vemos como patronos como el hospital Auxilio Mutuo violan la ley para perjudicar a trabajadores”, manifestó Maraliz Rivera, una de las abogadas que representa al grupo de 26 trabajadores despedidos. La representación legal incluye además a los abogados Norma L. Díaz, Jaimy Cruz Ostolaza y Marcos Rivera Ortiz, del bufete Rivera Ortiz y Asociados.
Los demandantes reclaman que el hospital Auxilio Mutuo los despidió alegando que haría una reestructuración de la totalidad de los trabajos que se realizaban en el departamento de planta física. Sin embargo, inmediatamente luego del despido, Auxilio Mutuo subcontrató a una compañía privada la cual se encarga de cubrir todos y cada uno de los puestos y posiciones que ocupaban los querellantes dentro de la misma clasificación ocupacional.
“Esto no es más que un mero pretexto para beneficiarse de las condiciones de la nueva reforma laboral que no les aplica porque Auxilio Mutuo quiere liberarse de la Ley 80. El Departamento de Planta Física no cerró parcial ni totalmente, y continúa funcionamiento, tal y como funcionaba previo a los despidos injustificados de los querellantes ya que la contratación de cada uno de los querellantes fue con anterioridad a la fecha de efectividad de la actual reforma laboral, mejor conocida como la Ley 4”, agregó.
Los empleados despedidos injustamente reclaman la cantidad de $875,002.37 o el equivalente al total de los cómputos de la indemnización que dispone la Ley 80. También reclaman una suma equivalente al 25% de la cuantía total adjudicada, y en beneficio de cada uno de los querellantes para el pago de honorarios de abogados.
