Por redacción de Sin Comillas
La Coalición de Bonistas Senior de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) insistió ante la jueza federal que atiende el caso de quiebra del Gobierno, Laura Taylor Swain, que debe ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico el foro judicial que decida sobre la constitucionalidad de la ley que creó COFINA.
Los argumentos están contenidos en un memorando de derecho sometido ayer, en respuesta a la oposición que han consignado el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, quienes se oponen a que sea el Tribunal Supremo de Puerto Rico el que adjudique la controversia sobre la validez de la ley que creó COFINA y el mecanismo de repago de dichos bonos con una porción del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
El documento legal de la Coalición sostiene que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que deben ser las cortes locales las que decidan sobre la validez de las leyes estatales a la luz de las constituciones estatales.
La Coalición entiende que el Gobierno y la Junta se equivocan al alegar que certificar la resolución de esta controversia al Tribunal Supremo de Puerto Rico atrasará los procedimientos del caso porque lo presumen ineficiente. En respuesta, la Coalición cita varios casos de certificación de controversias en los que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha demorado tan solo, entre dos días y cuatro meses, en resolver con detenimiento asuntos de suma importancia como éste.
“Dada la importancia pública de la disputa entre el Estado Libre Asociado y COFINA, sobran las razones para creer que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitirá su opinión de una manera expedita”, dice el memorando legal. El escrito también advierte sobre verdaderos atrasos si no se certifica el asunto al Tribunal Supremo de Puerto Rico y, al final del caso, el Supremo federal o el Circuito de Apelaciones revoca la decisión de no certificar, paraliza el procedimiento y devuelve el caso a nivel de distrito para que sean las cortes locales las que decidan sobre la validez de la ley de COFINA bajo la Constitución de Puerto Rico.
La semana que viene, en una vista ante la jueza Taylor Swain, se presentarán los argumentos orales sobre esta controversia.
Desde la creación de COFINA en el 2006, la porción del IVU destinada al repago de bonos se ha mantenido completamente separada del fondo general y no se ha usado para el repago de los bonos de Obligación General (GO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, como resultado de la quiebra del gobierno en mayo de 2017, ciertos bonistas GO han reclamado que se les paguen sus bonos utilizando los fondos de COFINA. Estos mismos bonistas reclaman que se les debe pagar a ellos antes de atender las necesidades más básicas de los puertorriqueños.
