Por Luisa García Pelatti

El acuerdo preliminar para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), anunciado el 30 de julio, incluye un recorte de 22.5% en el principal de la deuda. Pero ese recorte podría no se suficiente para que la AEE continúe operando de forma sostenible, advierte Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, en una nota titulada “Reestructuración de la deuda de la AEE 2.0”. El acuerdo deja muchas preguntas sin contestar.

Su conclusión se basa en que la AEE opera en una economía que lleva años sin crecer, los administradores han pospuesto “negligentemente” durante décadas el mantenimiento de las plantas generadoras y las líneas de transmisión y distribución, en que se espera una caída en la demanda de electricidad en los próximos años y en la necesidad de inversión masiva de capital para modernizar y optimizar sus operaciones.

“Esa puede ser la razón que explica por qué los bonistas accedieron a renunciar al derecho de declarar un evento de incumplimiento en caso de un impago. Parece que las partes están asumiendo de entrada que existe una probabilidad alta de que la AEE no pueda honrar los términos y condiciones negociados y han acordado un mecanismo ex ante para mitigar ese riesgo”, opina Marxuach, y añade que el acuerdo no explica cómo se llegó al porcentaje de recorte de la deuda.

En el Plan Fiscal del 1 de agosto de 2018 tampoco se explica más allá de estipular que la cantidad de deuda existente no es sostenible. Tampoco ninguna de las proyecciones plasmadas en el Plan Fiscal incluye un análisis de cómo se afectarían las tarifas con la reestructuración de la deuda.

“En nuestra opinión, parece que hay una desconexión entre los escenarios del Plan Fiscal y lo acordado preliminarmente con los bonistas. Por lo tanto, con la información disponible en estos momentos no podemos analizar con certeza si la reducción propuesta en el principal es la necesaria para mantener la factibilidad de la empresa”, dice Marxuach.

El Centro para una Nueva Economía también analiza el Cargo de Transición, que ha generado debate sobre si representa un aumento en la tarifa. Opina que no significaría un aumento en la tarifa “siempre y cuando la AEE reduzca sus costos operacionales por una cantidad igual o mayor a la que representa el Cargo de Transición. En la práctica alcanzar dicha reducción sería bien difícil—pero no imposible”.

Marxuach muestra su preocupación por que en el Plan Fiscal se proyecta una reducción en el costo por combustible de aproximadamente 25% entre el 2018 y el 2023. “Esa premisa nos parece poco razonable. Y se esconde en una nota al calce el hecho de que dicho ahorro depende de una inversión de capital de aproximadamente $2,900 millones en generación nueva”. También queda sin contestar la pregunta de quien financiaría dicha inversión.

En ningún momento se explica cómo se calculó el Cargo de Transición, ni a qué volumen de ventas aplicaría.

“Por ejemplo, si el cargo sólo se aplica a la producción de electricidad por los activos de generación de PREPA, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar la entrada en línea de activos de generación nueva (por ejemplo, energía solar y eólica a gran escala). Si se aplica a toda la energía que se transmita a través de la red, los bonistas tendrían un incentivo para desalentar a los clientes de la AEE a desconectarse de la red, por ejemplo, invirtiendo en sus propias microrredes. Si se aplica a todos los clientes, incluso a aquellos que se han desconectado de la red, esto desalentaría a los abonados de invertir y construir microrredes privadas. Por tanto, es imperativo que se provea información adicional sobre como funcionaria el Cargo por Transición y analizar como su imposición afecta los incentivos económicos o limita las opciones factibles para transformar la red de transmisión y distribución”.

El acuerdo preliminar deja muchas preguntas en el aire:

  • ¿qué va a pasar con los bonistas que tienen bonos asegurados por las compañías aseguradoras de instrumentos financieros? ¿Se le ofrecerán los mismos términos y condiciones o se negociará otra transacción?
  • ¿El Cargo de Transición se le cobraría a todos los clientes, incluyendo los municipios y aquellos que reciben subsidios?
  • ¿La Comisión de Energía tendría que analizar y avalar tanto la transacción de intercambio de bonos como el Cargo por Transición?
  • ¿Cómo se afectaría la propuesta de transformación de la AEE a la luz de esta transacción con los bonistas existentes?

Marxuach concluye que la transacción propuesta es un paso importante, pero falta mucha información para concluir si el acuerdo se hace pensando en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.