José J. Villamil (izq.) y Juan Lara. (Foto suministrada)
Por Luisa García Pelatti
El Gobierno y la Junta de Control Fiscal han enviado a la Legislatura un presupuesto de austeridad, con recortes sustanciales en gastos y proyecciones de ingresos muy optimistas, que va a provocar que en el corto plazo la economía se agrave, advirtieron los economistas José J. Villamil y Juan Lara, que participaron el viernes en la convención de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
Ambos coincidieron en que la economía sufrirá las mayores contracciones este año y el próximo, con caídas de entre 4% y 5% cada año, las mayores caídas en 50 años.
Los economistas habla de una economía que continua contrayéndose, empeoró durante los últimos dos trimestres del año pasado y que no ha tocado fondo todavía. La reducción de la actividad económica será mayor en el próximo año fiscal y esa contracción podría poder en riesgo el presupuesto y las posibles reformas, en las que se va a concentrar el Gobierno ahora que ya ha pasado el plebiscito.
“Es muy claro que la economía se va a encontrar en los próximos dos o tres años y que a partir de 2020 va a crecer, aunque a un ritmo muy lento, si alguno. Y no será hasta mediados de la próxima década que veamos un crecimiento más acelerado”, opina Villamil. “Es una economía suma cero”. Para crecer hay que mirar a otros mercados. Exportar productos y servicios.
“En la medida en que la economía sufra más de los que el Gobierno está pensando, es posible que algunas partidas no se realicen”, advierte Lara. Ese podría ser el caso del arbitrio de automóviles. El presupuesto contempla un aumento en esta partida. Es verdad que el año pasado los arbitrios de automóviles aumentaron, impulsados por una demanda mayor de autos por parte de compañías de alquiler, un resultado asociado al auge del turismo. Lara advierte que es posible que eso no ocurra, lo que dejaría un agujero en los recaudos de entre $25 millones y $50 millones. Y lo mismo podría pasar en otras partidas, lo que obligaría al Gobierno a ir “haciendo ajustes sobre la marcha”.
Pero hay otros riesgos. No se ha presupuestado nada para el pago del servicio de la deuda. “Espero que no ocurra, pero imagínense que la jueza ordenara el pago a algunos bonistas. Descuadraría el presupuesto”, señala Lara y advierte que lo peor que podría pasar es que terminemos improvisando ajustes en un presupuesto que ya de por sí es un juego de malabares con poco espacio de libertad.
Además del presupuesto está pendiente el proceso de reformas. Ya se ha presentado legislación para la reforma laboral. Además, se ha anunciado una reforma contributiva, lo cual supone una contradicción con las medidas de austeridad.
Por otro lado, un aspecto clave de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) es recuperar el acceso a los mercados financieros, y aunque ahora lo veamos como una meta lejana, es una pieza esencial para el desarrollo económico del país, explica Lara.
“Una economía no puede tener desarrollo económico sin capacidad fiscal de hacer proyectos de infraestructura. En algún momento hay que volver a ganar el acceso a las mercados. No podemos tener una guerra con los bonistas porque, en el futuro, hay que aprender a manejar la deuda de forma más seria”.
Un presupuesto paradójico
Lara señala que en este presupuesto hay cosas que, de primera impresión, confunden. Lo primero es que es más grande que el del año pasado. Contrario a lo que se esperaría en un periodo de austeridad. Es un presupuesto con $500 millones más que el año pasado, pero la composición es muy diferente a los anteriores. Es un una paradoja que sea un presupuesto más grande pero que incluye muchos recortes en gastos.
Los más destacable es que el presupuesto incluye $2,000 millones para el pago de las pensiones del Gobierno. Es una clara declaraciones de intenciones. Entre los bonistas y los pensionado, el Gobierno decide asumir la responsabilidad de apoyar a los pensionados. Y para poder asumir ese gasto tuvo que recortar sustancialmente muchas áreas “criticas y esenciales”, como salud y educación.
Lara destaca que el hecho de que el presupuesto sea mayor abre la posibilidad a que los bonistas puedan plantear que el Gobierno no está recortando lo suficiente.
