El Plan Fiscal no considera la privatización de activos, reclaman bonistas y aseguradoras

Por redacción de Sin Comillas

Un grupo de tenedores de bonos y aseguradoras, con $12,000 millones en bonos de Puerto Rico, enviaron una carta conjunta (343224256-Joint-Creditor-Letter-to-Oversight-Board-on-Fiscal-Plan-for-Puerto-Rico) a los miembros de la Junta de Control Fiscal en la que señalan que el Plan Fiscal aprobador viola la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) y se muestran dispuestos a entablar un proceso para aclarar detalles del plan, que dicen ya han intentado antes sin éxito.

Según la carta, el Plan Fiscal no define servicios esenciales y le da prioridad al resto de los gastos por encima del pago de la deuda. Además, incluye un crecimiento “rampante” de los gastos y asume que el Gobierno no cumplirá con el presupuesto, al haber separado unos $600 millones anuales para pagar gastos no presupuestados ($6,200 millones en un periodo de 10 años).

Los firmantes señalan, además, que el plan tiene errores y omisiones relacionadas con las proyecciones económicas y la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Entre los datos que quieren aclarar antes de iniciar las negociaciones está un aumento de $1,800 millones en gastos de nómina un un periodo de 10 años y un alza de $500 millones en gastos operacionales.

El Plan, dicen, lejos de ayudar al Gobierno a regresar a los mercados de capital socava esa posibilidad. “Le instamos a participar con nosotros de manera constructiva y de inmediato” en esos asuntos, reclaman. “El futuro de Puerto Rico depende de eso”.

A los bonistas y aseguradoras les hubiera gustado que el plan hubiera tenido en cuenta la privatización de activos del Gobierno, una alternativa que consideran se ignora en el Plan. “Si se lleva a cabo de manera efectiva, la privatización debería producir beneficios económicos a través de inyecciones de efectivo, una reducción de las necesidades de financiación de capital público, y una reducción significativa en los gastos de funcionamiento, ninguno de los cuales aparecen en el plan fiscal”.

Los firmantes de la carta se muestran unidos al reclamar que el Plan Fiscal no es aceptable, a pesar de que por separado algunos de los firmantes mantienen, entre ellos, litigios en los tribunales, como es el caso de los tenedores de bonos de GOs y Cofina.

La carta está firmada por:

  • El Grupo Ad Hoc tenedores de Obligaciones Generales (GO, por sus siglas en inglés);
  • Ciertos fundos manejados por Franklin Advisers, Oppenheimer Funds y Santander Asset Management con $3,650 millones en bonos de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) y $1,850 millones garantizados por el Gobierno;
  • Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp., aseguradoras de aproximadamente $1,750 millones de bonos garantizados y $1,675 millones de emisiones de la Autoridad de Carreteras, La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones.