Por redacción de Sin Comillas
Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, cualquier plan fiscal basado, exclusivamente, en recortes en salud, programas sociales, pensiones de retirados y despidos en el sector público “es inaceptable, por su impacto negativo en la calidad de vida del Pueblo”.
El primer ejecutivo emitió esta tarde por escrito su postura respecto a las propuestas sometidas por la Junta de Supervisión Fiscal el miércoles 18 de enero de 2017. (Letter to FOB – RRossello-1202017)
Rosselló Nevares presentó alternativas para cada una de las áreas en las que la Junta de Supervisión Fiscal propone recortes que afectan la calidad de vida en Puerto Rico. Insistió en que hay alternativas que logran economías, sin tener que despedir empleados públicos ni afectar servicios esenciales al Pueblo.
A juicio del primer ejecutivo, las propuestas de la Junta de Supervisión Fiscal son inconsistentes con la Ley PROMESA, debido a que el estatuto requiere la continuidad de los servicios básicos y los beneficios que proveen los fondos de pensiones.
“No sacrificaremos el acceso de nuestro a Pueblo a los programas de salud y a los servicios médicos. Defenderemos las pensiones como una prioridad del Gobierno de Puerto Rico”, adelantó el mandatario.
Rosselló Nevares sostuvo además que la única forma de solucionar la crisis económica de Puerto Rico es mediante un desarrollo económico real, para lo cual es imperativo que Puerto Rico sea tratado como un estado de Estados Unidos.
Asimismo, el gobernador se reafirmó en su compromiso de pagar la deuda, mediante su renegociación y basado en los fondos disponibles, sin sacrificar los servicios esenciales a la ciudadanía y los fondos de pensiones.
“Continuaremos las negociaciones con los bonistas de buena fe, respetando la ley, y basándonos en auditorías y en la transparencia durante el proceso. Tal como hemos acordado, el Gobierno continuará liderando las negociaciones de buena fe con los bonistas, contando con la colaboración de la Junta de Supervisión Fiscal”, sentenció el gobernador.
“Nuestro objetivo es lograr la responsabilidad fiscal a través de esfuerzos innovadores y reformadores”, agregó. En la carta de ocho páginas enviada desde la capital federal a la Junta de Supervisión Fiscal, el mandatario enumera además las órdenes ejecutivas emitidas, las medidas administrativas y la legislación presentada, hasta el momento, para lograr economías en el gobierno e incentivar el desarrollo económico y la creación de empleos en Puerto Rico.
La Junta de Control Fiscal respondió a la carta del Gobernador con declaraciones escritas señalando que estudiará la carta del gobernador y que mientras tanto espera la respuesta del gobernador a las exigencias de la Junta para extender hasta el 28 de febrero de 2017 la fecha límite para que el gobierno someta su Plan Fiscal y la paralización de demandas que ofrece la Ley Promesa hasta el 1ro de mayo de 2017.
