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Por Luisa García Pelatti
El pago de la deuda pública no es sostenible. Si antes del huracán María ya era necesario reestructurar la deuda y reducir el pago en una cantidad significativa. Ahora, tras el huracán, no se puede pagar nada de la deuda y lo que se vaya a pagar debe estar vinculado al crecimiento de la economía, asegura el economista Martín Guzmán, que junto el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz (2001) y Pablo Gluzman, han realizado un estudio de sostenibilidad de la deuda pública de Puerto Rico, auspiciado por Espacios Abiertos y el Centro para una Nueva Economía (CNE).
Martín destaca que el plan fiscal aprobado en el mes de marzo del año pasado está basado en supuestos que no tienen sentido. El Gobierno debe presentar un plan fiscal revisado el 24 de enero.
Guzmán habla de cuatro grandes problemas en el plan fiscal:
- El valor del multiplicador fiscal (si contraigo en $1 el gasto público que pasa con el nivel de actividad económica) que se utiliza es muy optimista
- El Plan Fiscal ignora que la caída de la actividad económica va a afectar los recaudos.
- El Plan está suponiendo que la recuperación de la economía a partir del año 2026 se da como resultado de un grupo de reformas estructurales que afectarían a la capacidad de la oferta. Ignora algunas de esas reformas van a reducir la demanda. Se necesitan políticas que impulsen la demanda. “No es sensato decir que el efecto va a venir de reforma estructurales enteramente, el efecto de esas reformas va a ser sustancialmente menor de lo que plantea el pan”, explica Guzmán.
- El Plan ignora las consecuencias de la emigración en la actividad económica. “Se asumen que los flujos migratorios se moderarán en un contexto de mayor recesión y eso puede no tener sentido”.
En consecuencia, el Plan incluye proyecciones muy optimistas. El análisis de la sostenibilidad de la deuda estima que, tal y como está redactado el Plan Fiscal, Puerto Rico necesitaría un superavit fiscal primario de entre 3.5% y 7.4% para poder pagar la deuda en su totalidad. “Esto es muchísimo”, advierte el experto. Se necesitaría una contracción tan grande que afectaría tanto al crecimiento que nunca se llegaría a obtener los recaudos necesarios para pagar la deuda.
Guzmán critica que el plan fiscal no incluya un análisis de sostenibilidad de la deuda, ni un verdadero plan de reestructuración de la deuda pública. “Eso es importante. Es el primer paso para eliminar la incertidumbre”.
La quita necesaria para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública antes del huracán María era sustancial, entre 45% y 50% de la deuda de $51,900 millones y hasta 80% si se incluyen otras deudas ($72,200 millones). Pero eso era antes del huracán María, ahora sería mucho mayor, aunque se requiere información precisa sobre los costos del huracán y la ayuda recibida del gobierno federal.
Aunque hay un sector que argumenta que una quita de la deuda afectaría a la reputación crediticia de Puerto Rico, Guzmán explica que no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de capacidad de pago. “Es un argumento que no tiene sentido”. Puerto Rico tiene que recuperar la capacidad de pago, lo que se necesita es disminuir el valor de lo que se debe.
Pero para poder recuperarse es fundamental poder brindar certidumbre sobre la sostenibilidad de la deuda, por eso es importante que la reestructuración de la deuda se haga lo antes posible. El estudio señala que la reestructuración de la deuda es solamente una condición para la recuperación, pero no será suficiente. “Puerto Rico necesita más que simplemente restaurar la sostenibilidad de su deuda; necesita también una nueva estrategia de crecimiento, un tema sobre el que la Comisión de Crecimiento del CNE está trabajando”.
A pesar de que los países que han reducido de forma sustancial su deuda tienen problemas para recuperarse, Guzmán opina que en el caso de Puerto Rico la existencia de la ley Promesa, que le da un marco jurídico a la reestructuración es un aspecto positivo.
Por otro lado, Espacios Abiertos se propone intervenir como amicus curiae en el proceso de quiebra que se ventila en los tribunales como parte de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
