Por Luisa García Pelatti
La extensión de la paralización de litigios contra el Gobierno, hasta el 1ro de mayo, que aprobó la Junta de Control Fiscal el sábado permite al Gobierno posponer los pagos de la deuda pública y seguir operando. El peligro de un posible cierre del Gobierno en febrero ante falta de liquidez, se pospone ahora hasta el 30 de abril, según el informe de liquidez presentado por la firma Conway MacKenzie.
El Gobierno tiene un déficit de caja que ascenderá a $1,100 millones el 28 de febrero. La extensión de la moratoria permite mantener el flujo de efectivo en terreno positivo hasta el mes de abril. Pero una vez se quede sin efecto la paralización de demandas, el Gobierno deberá hacer frente al pago de $1,380 millones el 1 de mayo, pero solo contará con $444 millones, lo que deja un déficit de caja de $1,342 millones. El déficit de caja aumentará a $2,295 para finales del mes de junio.
A principios del año fiscal 2018, es decir, desde el 1 de julio de este año o antes, el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno se podrían quedar sin dinero para pagar las pensiones, lo que requerirá de mayores contribuciones por parte del gobierno central y de los empleados.
“Actualmente tenemos un gobierno por el que no podemos pagar”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal.
¿Cómo se va a utilizar el efectivo disponible?, cuestionó la Junta. Pagando sólo los servicios esenciales, explicó el Gobierno. El problema es que todavía no se han definido cuáles son servicios esenciales más allá de decir que incluyen salud, educación, mantenimiento de infraestructuras y seguridad.
El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, indicó que hay que ir a la naturaleza del gasto. Los servicios administrativos del Departamento de Educación no son esenciales. En la Policía todo es esencial.
