Por Luisa García Pelatti

“Los informes de liquidez semanales no se divulgan porque son documentos de trabajo”. Es el argumento utilizado por Elías Sánchez, representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, que el miércoles citó a una conferencia de prensa para refutar la información publicada por un medio, pero no ofreció datos sobre el flujo de efectivo y señaló que tanto los informes de liquidez del Gobierno como las proyecciones de efectivos son documentos confidenciales porque son documentos de trabajo.

Los informes de liquidez semanales “son documentos de trabajo que tienen tanta varianza que entonces provoca que salga un titular que dice que el Gobierno de Puerto Rico está en una situación dramáticamente mejor, cuando no es verdad”. Sánchez justificó que no se entregue la información para evitar que los periodistas “malinterpreten la información”, algo que, seguramente, se evitaría mejor explicando que ocultando.

Por otro lado, Sánchez subrayó que los acreedores tienen acceso a toda la información necesaria en los llamados “data rooms” o salas de datos virtuales que les provee información financiera “a la que tienen derecho”. Sin embargo, ni la prensa, ni los ciudadanos tienen acceso (y parece que tampoco derecho) a esa información.

Sin dar detalles, aceptó que Gobierno va a enfrentar “situaciones de estrechez o de impacto de líquido dramáticas” en los primeros dos trimestre del año fiscal 2018 y que podría quedarse sin fondos para seguir operando a finales de octubre o principios de noviembre.

Los problemas de liquidez se deben a que no se van a recibir los fondos necesarios para el programa de Medicaid. El Gobierno realiza laborales de cabildeo en Washington para lograr estos fondos y ha reducido en $100 millones los gastos de la reforma de salud.

Sánchez explicó que aunque en el Plan Fiscal se proyectaba que al 30 de junio de 2017 habría  $291 millones en caja, ahora se proyectan $1,100 millones. La mejora de liquidez se debe a que se alcanzó un acuerdo de indulgencia con la Corporación de Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA); y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT) para posponer por un año el pago de esa deuda.

Recordemos que en agosto de 2015, ante la imposibilidad de hacer emisiones de pagarés en anticipación de contribuciones de ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés), como había sido la norma para mejorar la liquidez del Gobierno durante los primeros meses de los años fiscales, se llevó a cabo una emisión de $400 millones de TRANs a través de tres corporaciones públicas: la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE, $335 millones); ACAA ($50 millones); y SINOT ($15 millones). Si no se hubiera llegado a ese acuerdo de indulgencia, el Gobierno hubiera tenido que desembolsar $423 millones en el mes de mayo.

Por otro lado, Sánchez explicó que el Plan Fiscal contempla “una estabilización de las cuentas por pagar” que mejora la situación de liquidez en $150 millones. “no es que se está dejando de pagar, es que no se está incurriendo en el mismo nivel de obligación, y por ende, se estabiliza lo que es una proyección neta de outflow por concepto de cuentas por pagar”.

A eso hay que añadir $46 millones de ingresos sujeto a claw back, de conformidad con la Ley Núm. 5 de 29 de enero de 2017, mejor conocida como Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico. Se mejoraron los recaudos en $74 millones y hay $90 millones de medidas (iniciativas de una vez) en algunas agencias (Comisionado de Seguros, ASUME y Departamento del Trabajo). Los recaudos de los programas de Fondos Federales superaron lo proyectado por $33 millones y hubo una variación positiva en flujos de entrada netos misceláneos de $43 millones.

“No se trata de que el Gobierno está escondiendo o está teniendo una gran cantidad de dinero líquido ahora, se trata de medidas de emergencia que se están tomando para que el líquido del Departamento de Hacienda esté en condiciones para poder enfrentar en el primer y segundo trimestre del 2018, cuando venga la insolvencia del Sistema de Retiro –que el gobierno tiene que asumir el pago líquido de 100% de las pensiones–e igual cuando se agoten los fondos federales de Medicaid y se tenga que sufragar en su totalidad, del Fondo General, lo que es el pago de la reforma de salud. Son dos momentos que representan un impacto dramático sobre lo que es el líquido del Gobierno de Puerto Rico”.

Sánchez explicó que el Gobierno se prepara para enfrentar en los próximo meses lo que probablemente es “de las tormentas más severas que ha pasado Puerto Rico en su historia en términos económicos y de líquido”.

A preguntas sobre la necesidad de utilizar los fondos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) dos meses de lo habitual para resolver problemas de liquidez, como solicitó la Junta de Control Fiscal en el tribunal, la semana pasada, Sánchez indicó que no puede hacer comentarios sobre asuntos que están pendiente de desición judicial.

“Indudablemente, los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a ser meses de unos retos que Puerto Rico nunca ha enfrentado, en términos de liquidez, porque se va a tener que asumir lo que antes se pagaba con el reembolso de retiro y lo que se suplía con fondo federales de Medicaid”.

Sobre el riesgo de reducción en la jornada laboral, comentó que “es más que claro” que “la reducción de jornada laboral es activa hoy. Es una realidad hoy, a partir del primero de julio, a menos que el gobierno pueda demostrar” que realizó la reserva de $200 millones. Minutos después, a petición de la portavoz del Gobierno, Sánchez matizó y dijo que “estamos más que convencidos de que vamos a cumplir” con la reserva de $200 millones en mejora de recaudos o reducción de gastos y no se va a producir una reducción de la jornada laboral.

Sánchez dijo que no sabía cuánto dinero en efectivo había en la cuenta de Hacienda el viernes pasado, aunque dio la cifra de $290 millones. El 26 de mayo Hacienda tenía $1,400 millones en caja. Hacienda ha identificado  $377 millones en facturas del año 2017 que no se había entrado en el sistema.