Por Elías Gutiérrez*
Durante esta época arrecian las declaraciones y manifiestos que hacen los candidatos a puestos electivos. Los candidatos a la gobernación presentan todo tipo de iniciativas con las que supuestamente el gobierno, con una de estas personas a la cabeza, lograrán que la economía de Puerto Rico se desarrolle. Los candidatos prometen que, desde su sitial, harán que el gobierno produzca el deseado milagro económico. Todos parten de un supuesto subyacente: el gobierno tiene la capacidad de arrancar la maquinaria que producirá el desarrollo económico y social.
Nadie se cuestiona la capacidad del gobierno para lograr lo que prometen los partidos y sus candidatos. Ahora bien, póngase usted a pensar lo siguiente: ¿qué pasa si el gobierno, especialmente el gobierno democrático representativo, no es capaz de lograr lo que promete? Después de todo, el elefante no vuela.
Soy de la opinión que los gobiernos, especialmente las democracias, no tienen la capacidad para lograr que las economías de sus dominios alcancen eso que llaman “desarrollo económico”. La dificultad parte de los principios elementales del problema. Por ejemplo, el “desarrollo económico” consiste de procesos que tienen significados distintos para distintas personas. ¿Cómo podemos prometer algo que no hemos definido y acordado entre nosotros mismos?
Para no enredarnos con sutilezas filosóficas, definamos como desarrollo una elevación del estándar de vida sostenida durante un tiempo que alcance el lapso de una o más generaciones. Será indispensable contar con indicadores de proceso para medirlo y seguirle la pista a su progreso temporal.
Es necesario hacer un paréntesis para hacer la salvedad correspondiente; v.gr., desarrollo y crecimiento no son sinónimos. El desarrollo contiene elementos cualitativos, difíciles de medir. El crecimiento conlleva centrarse en lo cuantitativo. La dificultad que presenta el crecimiento estriba en qué se incluye y qué se excluye del monto a medir.
La teoría del crecimiento económico nos ofrece métricas convenientes para medirlo. Definamos el estándar de vida en términos de la tasa de crecimiento del producto real per capita. En esta definición predominarán los elementos cuantitativos del desarrollo. Por el momento, dejemos a un lado la dimensión cualitativa.
El ritmo de crecimiento del producto real se escoge como medida del estándar de vida. El estándar depende directamente de la inversión. A su vez, la inversión se realiza por vía del sacrificio que conlleva la postergación del consumo. Es decir, que el ahorro es determinante directo del ritmo de elevación del estándar de vida.
La eficacia de la estructura de producción se mide por vía del requisito unitario de capital. En la medida que los requisitos de capital productivo disminuyan , la capacidad para crecer aumentará. El nivel general de precios actúa para acomodar el valor de mercado de la producción y establecer el estándar real de vida. La inflación, por lo tanto, influye inversamente sobre el estándar.
En la medida que la población aumenta o disminuye, lo producido será distribuido en mayor o menor proporción por habitante. Al final de la jornada, éste será el resultado que percibirán en su vida cotidiana las familias y los individuos.
Ahora bien, a lo que vamos. ¿Cómo logra un gobierno que se eleve el estándar de vida de la población? Pues, para ello tendrá que manejar los elementos de los que depende la tasa de crecimiento del producto real per capita. Los gobiernos puede hacer más o menos difícil que el ritmo de crecimiento del producto real acelere. Lo pueden hacer extrayendo recursos de las actividades productivas por vía de impuestos. Lo pueden hacer por vía de leyes y reglamentos que premian el consumo y persiguen el ahorro. Los gobiernos justifican su intervención y el resultado negativo sobre el ritmo de producción alegando que buscan justicia social por vía de la redistribución del ingreso y la riqueza.
Los gobiernos pueden reducir el valor de la producción y la riqueza. Lo pueden hacer por vía del comportamiento fiscal que eleva el índice general de precios y disminuye el valor real de la producción. Los gobiernos pueden elevar los requisitos de capital por unidad de producción y hacer menos eficiente la estructura de producción de la economía. Esto último lo pueden hacer aumentando el tamaño del sector público a coste de los sectores productivos privados.
Los gobiernos pueden intervenir y lograr efectos como los señalados arriba. Ahora bien, nótese que son efectos más bien negativos. Resulta más difícil lograr que las intervenciones de los gobiernos en la economía sean positivos sobre el estándar de vida.
Los gobiernos, especialmente los democráticos, no pueden, y no saben, cómo elevar el estándar de vida. Se ven impedidos de premiar el ahorro. No tienen idea de cómo reducir los requisitos de capital por unidad de producción. De hecho, los candidatos a puestos electivos no tocan el tema de la producción. Sus promesas van dirigidas a la distribución. Por supuesto, este tema lo atacan haciendo referencia a lo que algún grupo o sector ganará. Callan sobre qué otro grupo o sector tendrá que sufrir el sacrificio asociado.
Los sectores públicos se han convencido a sí mismos que la eficiencia no es un factor que se requiera en las actividades de gobierno. Esta visión ha contribuido al gigantismo de los gobiernos. En el caso de Puerto Rico, la elefantiasis del sector público lo ha convertido en el obstáculo más formidable que confronta la economía productiva del país. El gobierno ha dejado de ser promotor del desarrollo, para convertirse en poderosa retranca que lo frena.
Ahora bien, suponga usted, por unos instantes, que el gobierno sufre una transformación filosófica. Supóngase que se decide alterar el comportamiento del sector público con el fin de sacar la economía de la trampa en que se encuentra. Supóngase que los obstáculos políticos que levantan los partidos se logran arrestar por un período suficientemente largo como para permitir una intervención efectiva en pro del desarrollo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Les traigo noticias. He llegado al convencimiento de que el gobierno no tendría la menor idea.
El gobierno no sabría qué es eso de “desarrollo”. No tendría la menor idea sobre lo que conlleva la productividad. No tendría la menor idea de lo que conlleva una gerencia adecuada de los sistemas. No tiene la menor idea de lo que requiere la educación en estos tiempos de cambio tecnológico y de desarrollo del conocimiento.
El gobierno no es ya el instrumento que podría conducir a una ruta de crecimiento de la producción y el desarrollo. No lo puede hacer en su dimensión cuantitativa y menos en su dimensión cualitativa. Esta es la lección que no acabamos de aprender. Luego de siglos de dependencia en el sector público, nuestra sociedad teme verse suelta de la mano y encaminándose en un rumbo que requiere menos gobierno, no más.
* El autor es economista y planificador
