Por José G. García López*
El despilfarro de fondos públicos que han llevado a cabo por décadas varios municipios al construir proyectos emblemáticos sin sentido racional y económico requiere ser detenido de forma inmediata. Esta situación responde a la falta de un análisis científico en la toma de decisiones sobre el uso adecuado de fondos públicos. La disciplina económica tiene como eje central el estudio de como la sociedad, el gobierno y las empresas; pueden maximizar el uso de los recursos productivos (capital, trabajo y tierra) que son escasos antes las necesidades ilimitadas existentes.
Partiendo de esta perspectiva, la teoría económica recomienda seguir el principio de eficiencia en el manejo de los recursos, donde siempre debemos contemplar que nuestras decisiones envuelven un sacrificio o costo de oportunidad. Es decir, si decidimos tomar como curso de acción hacer un coliseo o acuario debemos conocer que vamos a dejar de utilizar esos recursos para atender otros proyectos esenciales de infraestructura, vivienda o programas para combatir la pobreza.
Para poder instrumentar lo que nos dicta la disciplina económica y el concepto de la eficiencia, se recomienda el uso de la metodología de análisis costos – beneficio. El mismo fue desarrollado por el distinguido economista Otto Eckstein (1958). Por medio de este método se valoran los costos y los beneficios de los proyectos para así obtener el beneficio neto. Este se obtiene por la diferencia entre los costos- beneficios. La idea es que podamos aplicar este método a todas los proyectos o alternativas que estamos considerando y seleccionaremos aquella que rinda el mayor beneficio neto. El proyecto que obtenga el mayor beneficio neto será no solo la alternativa más eficiente sino la de mayor “rentabilidad social” para toda la sociedad si se trata de un proyecto de inversión pública. Además, nos ayudará a priorizar los proyectos o programas propuestos, a fin de poder justificar de forma racional su inversión e incluir como parte de los gastos presupuestarios.
Hubo una época que en Puerto Rico los principales proyectos de inversión pública pasaban por este crisol técnico que realizaba la Junta de Planificación. En el Gobierno Federal como los estados, es una tradición de las agencias usar el análisis de costos y beneficios para evaluar la deseabilidad de los proyectos de de inversión pública e infraestructura. Cabe indicar que la Ley Federal de Navegación de 1936, requiere que todos los proyectos de infraestructura de acueductos y agua se evalúen usando la técnica del análisis de costo-beneficios. Además, esta técnica ha sido esbozada por organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial en todos sus proyectos.
¡Es hora ya que tanto el Gobierno de Puerto Rico como los municipios recurran al uso del método de análisis de costos y beneficios ante la crisis económica y fiscal que nos encontramos! ¡Sugerimos que tanto la Oficina de Asuntos Municipales como la Oficina del Contralor debe tomar cartas en este asunto!
- El autor es economista y profesor del Departamento de Economía y la Escuela de Administración Publica de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
