Por Elías Gutiérrez*
¿Qué sorpresa confecciona el Congreso como respuesta al reclamo de acción que busca el gobierno de Puerto Rico? Esa es la pregunta que se hacen cada vez más residentes de este territorio. La incertidumbre se extiende en la medida que la población va aceptando que las circunstancias son negativas. Los políticos no convencen con su discurso vacío, contradictorio y enajenado de la realidad.
Hoy el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto le informó al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo, que, cualquiera que sea el curso de acción por el que opte el gobierno en lo se refiere al cumplimiento de sus obligaciones, el presupuesto de gastos (fondo general) reflejará una situación tétrica. Es decir, una sociedad que se acostumbró a vivir del gasto público confronta hoy una discontinuidad. De pronto, las reglas del juego han cambiado. Estamos en otro mundo. El gobierno llegó a su límite.
No sólo ha explotado la burbuja de gobierno, sino que también arrastra al sector privado de la economía. Los sectores productivos son víctimas de una estructura insostenible que pretende sobrevivir a costa de los ahorros de la clase media. En la medida que lo logra, empobrece al agregado social. La dependencia reina y amenaza con incorporar a la totalidad de la población en una pesadilla traumática de fracaso y desesperanza.
Me llamaron “profeta del desastre”. El desastre llegó. Ahora soy cronista de un proceso de descomposición social, producto de un fracaso generacional. Los “nietos de Muñoz” han destruido la infraestructura institucional que sostenía la economía. Olvidaron la palabra “producción”. Se concentraron en complacer a las masas con promesas populistas enfocadas en la “distribución” y eventualmente han llevado a la bancarrota al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El Congreso se apresta a “complacer” nuestra petición. Va a hacer “algo”. A alguien se le ocurrió que ese “algo” podía ser una Junta de Control Fiscal y Financiero que pusiera orden en el despelote creado en Puerto Rico por repetidos gobiernos irresponsables. De todas formas, ya esa fórmula ha sido ensayada para corregir, con mayor o menor éxito, situaciones parecidas en otras jurisdicciones de los EEUU.
En Puerto Rico, el público respalda abrumadoramente la creación de una junta de control fiscal federal que tome las riendas y castigue al gobierno de Puerto Rico. El respaldo es genérico porque nadie puede decir a ciencia cierta qué “junta” será la que surja del proceso legislativo congresional. Cunde el pánico. Que venga la junta cueste lo que cueste. Ese parece ser el sentir de los ciudadanos.
Los políticos puertorriqueños no han defendido la constitución del ELA a la hora de proteger sus estipulaciones específicas concernientes a la prelación de pagos y al menoscabo de contratos. De hecho, aparentemente están dispuestos a aceptar el control fiscal y financiero federal del gasto y la reestructuración de deuda siempre y cuando vengan acompañadas de medidas para estimular “el desarrollo económico”. El problema con esto es que los políticos no saben lo que es “desarrollo económico”, ni cómo es que se produce ese fenómeno. No les importa. Lo que en realidad buscan los políticos es un presupuesto para controlarlo. De eso es de lo que trata el poder político. De repartir.
¿Que está por repartirse? Pues está por repartirse el sacrificio y el castigo. La clase media está siendo forzada a repartir sus ahorros para sostener un gobierno por el que no podemos pagar. Ese es el sacrificio al que el gobernador exige que se cumpla con una sonrisa en la boca. El castigo será infligido sobre una base poblacional más amplia. Esta base demográfica incluye a los viejos, a los niños, a los jubilados, a los que viven solos o con el cónyuge. Incluye a los abuelos que apoyan a sus hijos y a sus nietos, emigrantes en este proceso de desplazamiento forzosos que se deriva de la realidad económica. La emigración ha producido un fenómeno novedoso. Los emigrantes de antaño se iban y enviaban a sus progenitores remesas periódicas. Hoy la dirección de los flujos se ha invertido. En respuesta a las condiciones económicas prevalecientes, los hijos y los nietos emigran. Los padres y abuelos les apoyan desde la isla, utilizando sus menguados ahorros. De esa forma, la descapitalización de la clase media acelera. Si genuinamente se busca estimular el “desarrollo económico” será necesario revertir la dirección neta de los flujos de capital. Será necesario re capitalizar la economía de Puerto Rico. El proceso será sacrificado y políticamente cuesta arriba.
El “desarrollo económico” es un concepto difícil de definir. Una de las razones por las que se produce tal dificultad es que la definición está cargada de valores. Frecuentemente se confunde el concepto con “crecimiento económico”. El crecimiento es un concepto menos dificultoso porque envuelve una dimensión más simple, se trata de más. Es decir, crecimiento implica más de lo mismo. Se trata de una dimensión cuantitativa. Desarrollo conlleva conceptos cualitativos. No solo más, sino mejor. No obstante, el capital es esencial para que se produzca. Nuestra sociedad tendrá que aceptar esa realidad, a pesar de las desigualdades que en la distribución surgen. La clave está en la producción. No se puede distribuir lo que no se ha producido. Repito, la clave está en la producción.
La producción añade valor. La producción no se hace realidad por mero deseo. La producción requiere una plataforma. La misma se construye con capital financiero (ahorros internos y externos) y físico (maquinaria, equipo, algoritmos de computación). Es decir, se requiere inversión. La inversión no es otra cosa que la aplicación de ahorros a actividades que añaden valor por vía de la producción.
La producción requiere del capital humano. Personas dotadas de destrezas y conocimiento. De ahí que la educación sea un elemento crucial que diferencia una población de otras. En la medida en la población se educa, su capacidad para añadir valor aumenta. Ahora bien, la educación es mucho, mucho más que la mera escolaridad.
La producción requiere, además, una plataforma institucional. En otras palabras, se requiere de un gobierno respetuoso de la ley. El respeto por la ley es fuente de certidumbre y confianza.
En nuestro afán por tomar atajos, hemos malversado los requisitos de la producción. Hemos permitido que los activos financieros (el ahorro acumulado) se despilfarre por un gobierno gigante, torpe, ineficiente e ineficaz. Hemos permitido que el capital físico se haya dilapidado y perdido su valor de mercado. Hemos estado dispuestos a violar la base de nuestro activo institucional, es decir, la Constitución. Ahora los reclamos contra las violaciones a la Constitución que se gestan en el exterior no pueden ser detenidos por los que juraron defender la Carta Magna de enemigos externos e internos ya que por sus actos han perdido la fuerza moral necesaria. El valor de los activos financieros que se anclaba en la promesa de garantía respaldada por la Constitución, ha colapsado.
El capital es un animal nervioso. Al menor indicio de que las condiciones están cambiando, el capital se asusta y se mueve con velocidades que varían entre los distintos tipos de capital. El capital financiero es de los más ágiles. El capital humano puede ser menos veloz. No obstante, en la economía de los EEUU la movilidad de la fuerza laboral es muy significativa. La emigración es síntoma y variable de ajuste. Representa una pérdida de capital adicional, el capital humano.
Puerto Rico pierde capital de todo tipo a ritmo hemorrágico. Todos los activos se han devaluado. La pérdida de capital de todo género significa que hemos entrado en un período histórico de empobrecimiento. Todos los días amanecemos más pobres que en el ocaso del día anterior. Los políticos no entienden. Nacieron y se criaron en un mundo dominado por el gobierno grande, paternalista, todopoderoso. Aún piensan que el “desarrollo económico” se puede alcanzar por vía de gasto público. La deuda, que la pague otro…
* El autor es economista y planificador
