Colón de Armas

Por Luisa García Pelatti

El Congreso de Estados Unidos podría presentar una versión revisada del proyecto para reestructurar la deuda de Puerto Rico el martes, 10 de mayo, cuando regresen los legisladores de un receso. La medida podría bajar a votación para mediados de mayo y la legislación podría estar aprobada antes de julio. Eso es lo que prevé Jorge San Miguel, socio de la firma legal Ferraiuoli, quien participó como orador en una actividad organizada por la Asociación de Contratistas Generales.

San Miguel testificó recientemente ante el Congreso de Estados Unidos sobre la crisis energética y ha estado envuelto en el proceso en el proceso de la legislación para crear una junta de control fiscal en Puerto Rico.

“Cuando fuimos a la última vista hace 10 días se produjeron negociaciones de 8 a 10 horas”. La votación se cancela porque estaban en marcha esas negociaciones, reveló San Miguel.

“Los republicanos han sido bien claro en que quieren ayudar a Puerto Rico, pero esa ayuda depende de la transparencia y la apertura con la que se comporte Puerto Rico” y en este sentido el tema principal son los estados financieros del año fiscal 2014, que el Gobierno todavía no ha podido entregar. San Miguel reconoce que la estructura del proyecto propuesta es “bastante agresiva en términos de lo que va a requerir si se aprobase esa legislación”.

Por otro lado, está la ley de moratoria, aprobada sin vistas, y que ha generado preocupación en el sector privado por el tema de las expropiaciones en el caso de servicios esenciales. San Miguel opina que el lenguaje de la legislación es “suficientemente vago” y no deja claro cuáles serían esos servicios esenciales.

San Miguel criticó que el Gobierno haya dejado de lado la elaboración del presupuesto, esperando ver lo que pasa en el Congreso. De todas formas asegura que “hay medidas que podemos tomar localmente, que están legisladas” y que sólo necesitan implementación.

En la actividad participaron también Carlos Colón de Armas y Gustavo Vélez. Colón de Armas asegura que la junta de control fiscal es necesaria “porque el gobierno no quiere tomar las decisiones que tienen que tomar para reestructurar el gobierno y liberar los recursos que hacen falta para inversiones”.

Dice que está claro que el 1 de mayo se producirá un impago, pero considera que eso es una estrategia del Gobierno para que el Congreso “nos coja pena o que la gente sea crea que aquí de verdad hay una crisis”. Porque, asegura que el Gobierno tiene dinero para cumplir con la deuda y con los servicios a los ciudadanos. “La liquidez es un asunto que tiene que ver con el acceso a los mercados, pero parte de su estrategia es que se cerraron ellos mismo el acceso a los mercados. Sino tiene le dinero no es culpa de una crisis fiscal ni de una crisis económica. Es culpa de la estrategia que han venido siguiendo”.

Por su parte, Gustavo Vélez señaló que la crisis actual “evidencia la incapacidad de la administración actual en crear un programa coherente que evite que esto siga en deterioro”. La oposición tampoco tiene una propuesta seria. Defiende que existe una crisis de grandes proporciones y que si el Congreso de Estados Unidos no aprueba una medida que permita reestructurar le deuda tendrá que venir con un rescate, que podría costarle entre $15,000 millones y $20,000 millones. “Mejor lo hacen ahora o el deterioro va provocar una implosión que le va a costar más dinero y entonces sí va a requerir un bailout. La junta es la solución a corto plazo”.