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Denuncian crisis de derechos humanos

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Por redacción de Sin Comillas

La crisis de derechos humanos que vive Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María será denunciada por representantes de más de 25 organizaciones comunitarias, instituciones académicas y profesionales de distintas disciplinas este jueves, 7 de diciembre en Washington D.C. ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una delegación de 35 personas viajará para presentar el informe “Desastres Naturales, Contaminación y Desigualdad en Puerto Rico”. Algunas de las exigencias que el grupo presentará incluyen la moratoria y restructuración de la deuda; la derogación de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016) y de las leyes de cabotaje; paridad en los fondos federales de salud; moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipotecas; que se haga público el plan de manejo de emergencia de FEMA esbozado previo al huracán María, la ayuda humanitaria recibida, y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de “emergencia”; que el gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y el manejo de cadáveres, en situaciones de emergencia y desastre; que se adopten y se implementen estándares de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública, especialmente durante el manejo de la crisis humanitaria y en el proceso de la recuperación del país.

“Puerto Rico se encuentra ante una crisis humanitaria sin precedentes en su historia, que agravó las ya precarias condiciones en que se encontraba su infraestructura y su economía, así como la situación de pobreza y desigualdad en que estaba sumida la población”, aseguró Yanira Reyes, decana académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en conferencia de prensa.

Durante la visita a la capital de Estados Unidos, tres líderes comunitarias asumirán el rol de portavoces en la audiencia temática ante la CIDH para presentar el informe que elaboraron de forma colectiva las organizaciones del país.

Aunque los esfuerzos tienen como eje la situación actual de Puerto Rico tras el paso de los fenómenos atmosféricos, también se hablará de la crisis humanitaria previa debido a la deuda de sobre $72,000 millones, profundizada por la aprobación de la Ley PROMESA y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal.

“La catástrofe natural que vivimos en los pasados meses sacó a relucir ante muchos ojos las realidades que sufrimos muchos ciudadanos y agravó las condiciones desiguales que hemos vivido durante décadas muchas poblaciones marginadas de Puerto Rico”, aseguró Modesta Irizarry, residente de Loíza, madre y líder con una larga trayectoria de autogestión y lucha comunitaria. Irizarry añadió que “los desastres naturales y la forma en que los ha manejado el gobierno han empeorado los atropellos a nuestros derechos y es muy importante denunciarlo ante estos foros, porque puede ser de vida o muerte para muchos no actuar”.

Por su parte, Marinilda Rivera Díaz, quien formó parte del comité que elaboró el informe de los derechos a la salud, denunció que “no garantizar el acceso a los servicios básicos como electricidad, agua y alimentación durante la emergencia suponen graves violaciones a los derechos y ocasionan serios cuestionamientos a los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, así como a la Junta de Control Fiscal”. La investigadora y profesora de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico destacó que: “Lo más preocupante es que los efectos más devastadores en materia de salud, salud mental y salud pública en general aún están por verse y solo escuchamos una Junta de Control Fiscal insistente en recortes en servicios sociales para cumplir con el pago de la deuda como su única preocupación”.

Otra exigencia es que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se comuniquen entre sí para que desarrollen acciones conjuntas sobre los derechos de la sociedad puertorriqueña.

Esta es la tercera ocasión que el grupo solicita que se realice una visita a Puerto Rico para que evalúe la situación general de derechos humanos en Puerto Rico, y en particular, sobre los efectos de la deuda pública y las políticas fiscales de austeridad en los derechos de la población. Esta visita no se ha concretado porque el gobierno de Estados Unidos no ha realizado el trámite requerido.

“Es evidente que hay una gran preocupación internacional. Solo se conceden audiencias a menos de una tercera parte de las denuncias que se presentan ante la comisión. Es muy difícil que la Comisión conceda una audiencia a los denunciantes, y este año sería el tercero en que se concede a Puerto Rico”, destacó Annette M. Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en conferencia de prensa.

Qué exigen

  • Detener medidas de austeridad fiscal que atenten contra la protección de los derechos humanos por parte del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal.
  • La derogación de la ley PROMESA y que se devuelva el derecho al gobierno de Puerto Rico de declararse en quiebra, tal como podía hacerlo antes de 1984.
  • Una moratoria del pago de la deuda pública y que se aplique un plan de reestructuración en base al precio de compra, y no en base al monto total que se adeuda; auditoría integral de la deuda.
  • Que el gobierno de Estados Unidos exima a Puerto Rico del pago de nuevas tributaciones, elimine las leyes de cabotaje y permita el acceso al crédito por trabajo para incentivar el trabajo local, así como que endose nuevas emisiones de Puerto Rico que permitan resolver la falta de liquidez.
  • Que el gobierno de Estados Unidos promulgue un Plan Marshall para Puerto Rico que incluya financiación de los esfuerzos de socorro y recuperación ante desastres; reconstruir la infraestructura; construir una nueva red de energía que sea resistente y sostenible.
  • La apertura inmediata de las escuelas y se provea información transparente y correcta sobre el cierre y apertura de las mismas.
  • Qué se garanticen los derechos de la niñez con impedimentos.
  • Que el gobierno detenga la reducción de derechos adquiridos, y proteja el derecho al trabajo digno según dispuesto por los organismos internacionales, cumpla con los convenios colectivos, así como con sus aportaciones patronales y con el pago de su deuda a los sistemas de retiro.
  • Que el Gobierno de Estados Unidos no intervenga con las leyes de salario mínimo en Puerto Rico.
  • Que los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos brinden acceso a la información sobre las muertes que ocurrieron a causa de los huracanes y su relación con faltas en los servicios médicos, de emergencias, eléctricos, sociales y de seguridad, así como de los arrestos ocurridos bajo el toque de queda.
  • Que se haga público el plan de manejo de emergencia de FEMA esbozado previo al huracán María; la ayuda humanitaria recibida; y los esfuerzos de recuperación y reconstrucción, incluyendo el detalle de los contratos otorgados bajo estado de “emergencia”.
  • Que el gobierno de Puerto Rico implemente los protocolos efectivos para el manejo hospitalario y el manejo de cadáveres, en situaciones de emergencia y desastre.
  • Que el gobierno de Estados Unidos otorgue un trato igual a Puerto Rico en el desembolso de fondos federales para el área de salud y reconozca nuestro derecho a desarrollar un sistema universal de salud.
  • Que toda persona que perdió su vivienda a causa del huracán tenga acceso a una vivienda adecuada y resiliente.
  • Que se establezca un programa de realojo de emergencia para personas que perdieron sus hogares a causa de los huracanes, mediante propiedades reposeídas, manteniendo a las personas dentro de sus comunidades o cercanas a éstas.
  • Que se establezca una moratoria en la presentación o continuación de todo procedimiento judicial de desahucio y de ejecución de hipoteca por falta de pago y que no se penalice económicamente a los residentes de vivienda pública o privada, incluyendo todos aquellos casos en los que la residencia haya sufrido daños por los huracanes o la parte arrendataria o propietaria haya sufrido una pérdida de ingreso sustancial a causa de los mismos.
  • Establecer, como requisito operacional de refugios, albergues de emergencia y vivienda transicional – de agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales- una política de no discrimen contra personas LGBTTIQ.
  • Aplicar perspectiva de género en el manejo y respuesta a los desastres naturales, desde la creación de planes de prevención en las comunidades hasta en el diseño e implementación de los planes de contingencias estatales.
  • Crear protocolos para la prevención y manejo de casos de violencia doméstica, acecho y agresión sexual en los refugios, que incluya el procedimiento a seguir con las personas con historial de agresión sexual.
  • Creación y divulgación de planes alternos para el manejo y atención de solicitudes de ordenes protección por violencia doméstica, acecho y agresión sexual y radicación de cargos criminales para cuando el sistema policial y judicial esté inoperante por desastres naturales.
  • El Estado debe comprometerse a desarrollar, de forma participativa, ciudades sustentables y resilientes ante el creciente impacto del cambio climático sobre PR. Esto incluye evitar, al máximo posible, las construcciones en zonas costeras, inundables, o susceptibles a deslizamientos que exponen a sus residentes a riesgos inaceptables a su seguridad.
  • Actualmente, el 98% de la de energía en PR se obtiene de combustibles fósiles. El gobierno debe inmediatamente iniciar una transición a fuentes de energía renovables y sustentables para reducir la huella de carbono y fomentar el desarrollo sustentable. Especial énfasis debe ponerse en la creación de microredes energéticas comunitarias.
  • Es urgente aumentar la producción local de alimentos, dado que cultivamos cerca del 15% de lo que producimos. Fomentar la agricultura ecológica puede aumentar la producción, reduciendo el impacto sobre los terrenos y el ambiente que representa la agricultura tradicional.
  • Es tiempo de que Puerto Rico se comprometa a eliminar la injusticia ambiental, reduciendo la inequidad en la distribución de los riesgos y el efecto de la contaminación ambiental, así como en el acceso a nuestros recursos naturales, como el agua, la tierra, y las costas.
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