Por redacción de Sin Comillas
Los representantes del PPD, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Jesús Santa Rodríguez denunciaron la eliminación del mecanismo para fiscalizar la otorgación de incentivos contributivos de la Ley 20 de 2012, tras la aprobación del Proyecto de la Cámara 878, que crea la Ley para la Exportación de Servicios.
“Es indignante, que en tiempos donde es indispensable fomentar e impulsar el desarrollo económico en la Isla, esta Administración elimine de golpe y raso una herramienta tan valiosa de fiscalización a los incentivos cobijados por la Ley 20 de 2012”, expresó el Representante Hernández.
Hernández Montañez explicó, que “el proyecto 878 fue aprobado a toda prisa en el día de hoy, sin espacio para debatir sobre esta medida, que elimina todo tipo de parámetro para la certificación de cumplimiento por parte del negocio elegible, dejando desprovisto al Estado de los mecanismos para medir y fiscalizar si los fondos designados por el gobierno, son utilizados responsablemente para el propósito para el cual fueron destinados. Del mismo modo, transfiere los datos y la actualización de la información sobre los negocios con decretos al DDEC y se lo quita al Instituto de Estadísticas”.
Por su parte, Santa Rodríguez dijo que “el proyecto de la Cámara 878, también elimina el requisito de generar empleos para poder recibir ese tipo de incentivos contributivos, lo que es contrario a las verdaderas necesidades del pueblo. De igual modo, la medida busca incluir el turismo médico y las facilidades de telemedicina como servicios elegibles para recibir incentivos económicos por Ley, que al eliminarse la fiscalización de éstos, estarían fuera del alcance para su evaluación”.
“Sobre la inclusión de estos dos renglones como servicios elegibles para recibir incentivos económicos, el propio Secretario de Hacienda en su ponencia expuso que al momento no se puede identificar el incremento en incentivos que representaría esta medida y su impacto en el fisco, toda vez que se desconoce cuántas personas se estarían acogiendo a los beneficios, una vez el servicio se incorpore a los ya existentes bajo la Ley Núm. 20-2012”, añadió Jesús Santa.
“En tiempos en donde el país exige a su Gobierno transparencia y el mejor uso de fondos públicos para que se traduzcan en un rendimiento efectivo, esta Administración sigue recurriendo a la otorgación de más exenciones contributivas y menos herramientas fiscalizadoras que logren medir si estas acciones legislativas tendrán un impacto costo efectivo al erario. De igual forma, no vemos cómo el propósito de esta legislación promoverá el desarrollo económico que tanto el país necesita para salir de su crisis”, concluyeron los representantes.
