Por redacción de Sin Comillas
En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Ana J. Matosantos y David Skeel, cuatro de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal apoyan la privatización del único proveedor del servicio de electricidad en la Isla, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Creemos que sólo la privatización permitirá a la AEE atraer las inversiones que necesita para reducir los costos y proporcionar un servicio de electricidad más confiable en toda la Isla. Al pasar de una entidad gubernamental a una empresa privada bien regulada, el AEE puede modernizar el suministro de energía, despolitizar su administración, reformar las pensiones y renegociar contratos para operar de manera más eficiente”, señala el artículo suscrito por los cuatro miembros de la Junta.
Recordemos que el martes, en una reunión ejecutiva, la Junta de Control Fiscal no aprobó el propuesto Acuerdo en Apoyo de la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) de la deuda de la AEE. Algunas fuentes habían indicado que el veto al acuerdo se hizo con los votos en contra de Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Ana J. Matosantos y David Skeel.
La publicación del artículo para confirmar esa información. Defienden que la propuesta para reestructurar la deuda habría hecho la privatización imposible. “La propuesta de la AEE y su garantía a los acreedores actuales aumentaría los costos para los contribuyentes y dejaría a los nuevos inversionistas asumiendo todo el riesgo”, advierten, lo que evitaría la llegada de inversionistas privados y haría imposible la modernización de la corporación pública. Los costos de la energía se mantendrían altos, lo que afectaría al crecimiento de la economía y “las familias y los bonistas sufrirían”.
“La decisión de la Junta no fue fácil”. Explican que algunos miembros del Congreso han sugerido que el acuerdo con la AEE debería haber sido considerado un “acuerdo hecho”. “Pero no todos los proponentes de Promesa entendieron sus disposiciones de esa manera. La ley expresa claramente que la Junta debe autorizar cualquier reestructuración voluntaria de la deuda, y el acuerdo propuesto por la AEE requiere explícitamente la autorización de la junta”.
Señalan que la Junta no puede enmendar la acuerdo de la AEE, como hizo con el plan fiscal del Gobierno, pero puede tratar de mejorar los términos del acuerdo y conseguir un reparto más equitativo del riesgo entre los acreedores actuales y los nuevos inversores.
