Por Luisa García Pelatti
La utilización del Título III para prolongar de forma indefinida la paralización de demandas en contra del Gobierno, que entró en vigor con la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), se presenta como un mecanismo necesario para evitar un aluvión de demanda de cobro por parte de los acreedores y para proteger los activos del Gobierno en el proceso de reestructuración de la deuda.
Sin embargo, la paralización tiene también unos efectos perjudiciales para la economía y la justicia social de los que el Gobierno no ha informado. Hay decenas de miles de personas que tenían reclamaciones contra el Gobierno y que han quedado atrapadas por la paralización de demandas.
La utilización del Título III paraliza todos los casos de demandas de daños y perjuicios, explica Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en quiebras.
La paralización de demandas podría significar el despido de jueces ante una menor actividad de casos en los tribunales y el Departamento de Justicia podría estar considerando reasignar a algunos de sus abogados a casos de cobro de dinero debido a que habrá menos casos que litigar.
El Gobierno no ha dicho nada sobre cuántas demandas se verían paralizadas por PROMESA, ni cómo se verían afectadas las tareas de abogados y jueces.
Entre los casos que podría verse afectados por la paralización podría haber casos de derechos civiles.
