Por redacción de Sin Comillas

El Movimiento Cooperativo catalogó como una “alianza malsana” la propuesta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que provee un recorte de 47% al principal lo que podría suponer hasta 151% de ganancia para los “fondos buitres”.

“Tengamos claro que en nuestras circunstancias actuales, los llamados a la reducción de la deuda pública no son en realidad un freno a los intereses especulativos de los fondos buitres.  Por el contrario, el deseo gubernamental de lograr una reducción del monto de la deuda sin reconocer las diferentes circunstancias en que cada bonista adquirió sus bonos y sin tener en cuenta que una parte material de dicha deuda está en manos de puertorriqueñas ha creado una “alianza malsana” entre el gobierno estatal y los fondos buitre.  Con ello, se abre la puerta a que dichos fondos y su modelo de negocios adquieran un rol protagónico en el mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, en el cual hasta ahora habían estado ausentes”. Estas son las declaraciones del G25, grupo de cooperativas que negocia con el gobierno, y que expresa su rechazo a la propuesta que hizo pública el gobierno el pasado domingo.

“A manera de ejemplo, recibir 53 centavos a cambio de una inversión de 35 centavos representa un rendimiento de 151%, que aunque se anualice en un periodo de de 2 o 3 años (periodo durante el cual estos fondos han comprado sus inversiones) representaría retornos extraordinarios de doble dígito.  Para que los inversionistas tradicionales reciban una transacción realmente comparable, el BGF tendría que entregarnos bonos con una prima de principal y/o rendimientos superiores.  Como vemos, la alegada ‘comparabilidad’ del acuerdo BGF/Hedge Funds no es tan ‘comparable”.

Insisten en que “una verdadera equivalencia requiere que el cómputo traiga a la mesa el verdadero rendimiento que recibirán los ‘hedge funds’ en función del monto de principal reducido que en efecto invirtieron al adquirir los bonos a descuento.  Los asesores del BGF no pueden hacerse de la vista larga respecto de esa realidad”.

“Un acuerdo de buena fe debe estar fundado en los intereses de una mayoría de los tenedores de la deuda y no meramente en los intereses de aquélla minoría que facilita la obtención de la meta indiscriminada de reducción de principal, cueste lo que cueste. Un acuerdo con tan pocas probabilidades reales de implantación y fundado en los intereses de una minoría termina siendo una mero simulacro.  Si bien comprendemos que el simulacro persigue el propósito de cabildear ante el Congreso por legislación que permita al Gobierno de Puerto Rico poderes para imponer recortes de principal sin proteger la economía del País, este ejercicio de simulación desvirtúa el proceso de negociación y lo retrasa innecesariamente”.

“Los instrumentos que se ofrezcan como parte de la reestructuración tienen que considerar la realidad financiera de los niveles de capital verdaderamente invertidos por cada bonista.  No es admisible una ceguera intencional a dicha realidad financiera”.

“Los términos divulgados por el BGF con recorte de principal corresponden a las propuestas y  expectativa de ganancia de los fondos de cobertura, para quienes dichos recortes no representan pérdidas a su capital por razón de haber adquirido los bonos a descuento en el mercado secundario”, sostienen las cooperativas.

“Las alegadas objeciones operacionales para implantar este cómputo comprensivo y realista denotan falta de voluntad de proteger el capital de los inversionistas tradicionales – tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos -, y una afinidad táctica en el proceso de negociación que lleva a alinearse con los intereses de los fondos “buitre”.  De igual forma, los alegados conflictos de nuestras propuestas con principios de quiebra (que nunca se nos han fundamentado con disposiciones de ley ni jurisprudencia específica) claramente son un artificio” ya que la reestructuración bajo negociación es un proceso voluntario que se rige por la libertad de contratación”.

Explicaron que esto contrasta con el cuadro que confrontan los inversionistas tradicionales, que compraron sus bonos en emisión original por el 100% del valor nominal de los instrumentos, para quienes los recortes de principal representan pérdidas cuantiosas, tanto de capital como de ingresos corrientes.  “Esta es la situación que comparten las cooperativas con los demás bonistas puertorriqueños e inversionistas tradicionales de los Estados Unidos”.

“La posición del G25 respecto de este escenario ha sido clara: (a) la reestructuración de los bonos en manos de las cooperativas y demás inversionistas puertorriqueños no puede supeditarse ni sujetarse a la perspectiva de negociación de los fondos buitre; y (b) La reducción de la deuda no puede realizarse ciegamente sin reconocer la totalidad de la realidad financiera de cada grupo de bonistas”, destacaron las cooperativas.

Por otra parte, plantearon que un recorte de principal para un “hedge fund” que adquirió sus bonos a descuento en el mercado secundario “no es una transacción perdidosa ni de sacrificio alguno”. De hecho, dependiendo del momento de adquisición, el “recorte” de principal puede implicar niveles de ganancia de doble dígito para estos inversionistas especulativos. Por el contrario, para los bonistas tradicionales el recorte de principal implica una pérdida de capital y una pérdida de ingreso corriente.

Sostienen que “el propuesto acuerdo contempla que los instrumentos de valor par (que presumiblemente recibirían las cooperativas y demás inversionistas locales) deberán tener una equivalencia de “Net Present Value” a los instrumentos de descuento de los “hedge funds”.  Sin embargo, dicha fórmula deja fuera del cómputo el rendimiento real que reciben los “hedge funds” por razón de su adquisición a descuento”.

Sobre la meta de reducción del monto de la deuda, los asesores de las cooperativas inversionistas plantearon que reconocen el interés del BGF de lograr una reestructuración que reduzca el nivel de deuda pública.  Sin embargo, en la medida en que dicha reducción menoscabe el capital de los inversionistas puertorriqueños, el beneficio social de la reducción de la deuda gubernamental quedará cancelado por el daño a nuestra economía.

“La descapitalización que sufriría nuestra economía por los recortes de principal constituye una tara a la recuperación económica, recuperación que es pre-condición esencial para resolver la crisis fiscal de manera definitiva.  Es por ello que los recortes de principal que contemplan todas las propuestas gubernamentales — los cuales concentran su mayor daño en los inversionistas de Puerto Rico — termina sentando las bases para que repitamos el trauma del impago en un futuro.  Este riesgo de fracaso financiero futuro es especialmente peligroso al considerar que la reestructuración es tan solo una pieza de la solución definitiva, la cual requiere: adoptar medidas de desarrollo económico que hagan crecer la economía (y con ella los recaudos), y reformar la estructura y cambios operacionales del aparato gubernamental para asegurar niveles sustentables de gastos y e incrementar la productividad y efectividad de la función pública. Sin estos dos componentes fundamentales, la reestructuración solamente generará una mega transacción cuyos resultados serán efímeros e insuficientes, lo que nos llevará a tener que repetir el proceso en un futuro no muy lejano”.

“Cuando el gobierno reclama un recorte de la deuda, está obviando que una quinta parte de dicha deuda es en efecto el ahorro acumulado de décadas de trabajo de miles de puertorriqueños.  De igual forma, aquellos que contradictoriamente reclaman el impago y el recorte de la deuda como defensa del patrimonio nacional, en realidad ponen en riesgo un capital nacional que asciende a $13 mil millones y terminan adelantando la causa de los “hedge funds”.  Esa realidad no puede ser ignorada.  La defensa del interés público, como deber ministerial de los funcionarios gubernamentales, exige la protección de ese capital nacional.  La política pública no puede ser ciega ni inerme a ese imperativo político, económico, social y moral”.