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Por redacción de Sin Comillas
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1350 para crear el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.
Rosselló Nevares informó que “el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico recoge y unifica la política pública del Gobierno en contra de la corrupción que previamente estaba dispersa en múltiples leyes especiales según se adelantó en el Plan para Puerto Rico”.
Con el Código Anticorrupción se fortalecen las protecciones a las que tienen derecho los denunciantes (whistleblowers) de actos de corrupción gubernamental. Con esta acción se busca que toda persona que conozca de actos impropios tenga la confianza de que estará protegido al hacer la denuncia.
Entre los cambios establecidos se aumenta a tres años el término prescriptivo para que cualquier persona pueda instar una acción civil por represalias. En el ámbito civil, la medida facilita que el Estado sea resarcido por aquellos que con su conducta, además de fallarle a la confianza depositada por el Pueblo, afectan el erario.
De igual forma, se dispone que el Gobierno podrá reclamar civilmente y obtener compensación por el triple del daño causado al erario. Para probar la reclamación será suficiente la sentencia de convicción por la conducta ilegal.
En el área criminal, se excluyen de los beneficios de la Ley de Sentencia Suspendida (probatoria) los delitos constitutivos de corrupción y cualquier otro delito que afecte los fondos públicos.
Asimismo, estarán excluidos de este privilegio los delitos relacionados con el entorpecimiento a la justicia como, por ejemplo, las amenazas a testigos o funcionarios del tribunal, cuando se cometa en conexión con delitos de corrupción y otros delitos graves.
En el ámbito administrativo, se destaca que el Registro de Personas Convictas por Corrupción, adscrito al Departamento de Justicia, esté al alcance del público de forma electrónica. Por otro lado, ninguna persona sujeta al este registro podrá aspirar u ocupar cargo electivo alguno.
Para asegurar que la cooperación interagencial continúe y trascienda distintas administraciones, se eleva a rango de ley la iniciativa del Grupo Interagencial. Por los pasados siete años este esfuerzo ha sido liderado la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega.
Este grupo está compuesto por: la directora de la Oficina de Ética Gubernamental —quien lo preside— la contralora, Yesmín M. Valdivieso; la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier; la comisionada de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández; la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez; el agente especial a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Douglas Leff; el inspector general y cualquier otro miembro que sea invitado por la presidenta.
Por su parte, Rosario Vega, expresó que “la ley cumple con el objetivo de establecer un conjunto ordenado de normas que constituye el cuerpo legal que regula la política pública del Gobierno sobre cero tolerancia a la corrupción. Además, la ley logra un efecto disuasivo que adelantará grandes pasos en la lucha contra la corrupción.”
La secretaria del Departamento de Justicia declaró por su parte que “la conducta corrupta de un servidor público es un mal que trae como consecuencia la falta de confianza y credibilidad en la función pública. Este Nuevo Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico representa un firme propósito de combatir cualquier acto de corrupción venga de donde venga. Este nuevo Código nos ofrece más y mejores herramientas para continuar impulsando un servicio público de excelencia, integro, transparente y eficaz, desalentando así el devastador sentido de la impunidad”.
