Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Constructores (ACPR) y la Asociación de Contratistas Generales (AGCPR) mostraron su rechazo ante las demandas presentadas por la Junta de Control Fiscal contra de contratistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación.
El 19 de mayo, la Junta radicó demandas contra varios suplidores que recibieron pagos superiores a $2.5 millones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) sin un contrato válido o cuyos pagos no coinciden con los contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017.
“El cuestionamiento que hace la Junta de Control Fiscal en sus demandas contra los contratistas pone el peso de la prueba en los contratistas y no en la Junta que es donde corresponde. Todos sabemos lo difícil y complicado que es contratar con el gobierno y estas acciones afectan el clima de certeza a la inversión y cumplimiento de contratos”, indicó Emilio Colón Zavala, presidente de la ACPR.
Por su parte, el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGCPR) le exigió a la Junta el establecimiento de un proceso de resolución de disputa para atender las demandas.
“Entendemos que la Junta tiene una obligación que cumplir, sin embargo, le exigimos que establezca un proceso de resolución de disputa que le permita atender estos casos de una manera expedita y al menor costo posible para las partes implicadas. Estas demandas crean incertidumbre en la contratación con el gobierno, y podrían provocar la cancelación de servicios por parte de la empresa privada al gobierno afectando así la estabilidad de cientos de empleos directos e indirectos y la calidad de los servicios ofrecidos por parte del gobierno a sus constituyentes”, indicó Alejandro J. Abrams, presidente de AGCPR.
“Este ha sido un proceso sumamente acelerado, bajo el cual se pudieron haber cometido errores que hayan conducido a la desafortunada radicación de demandas que no proceden. Le recomendamos a los contratistas generales y subcontratistas de la construcción que hayan sido demandados a consultar con sus abogados y a retener las copias de los contratos, facturas, recibos y otros documentos relacionados a los trabajos con la ACT para poder concluir el proceso de investigación y de análisis del cobro en cuestión lo antes posible. Mientras tanto, AGCPR continuará atenta al proceso para prevenir que se cuestionen lo pagos hechos conforme a la ley por trabajos realizados y entregados de acuerdo a los términos estipulados bajo contratos entre contratistas y agencias de gobierno”, concluyó Abrams.
