Por redacción de Sin Comillas
“La Asociación de Constructores de Puerto Rico felicita a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y a los miembros del equipo del Gobierno de Puerto Rico por trabajar de la mano y lograr el primer paso importante hacia la reestructuración administrativa de las finanzas de Puerto Rico. La aprobación del plan da ahora paso para que se activen los sucesivos renglones dentro de la ley PROMESA como marco legal y fiscal”, comentó el presidente de la Asociación de Constructores, Ricardo Álvarez Díaz.
“Como Puertorriqueños, estamos conscientes que todos somos parte de la solución y que debemos comprometernos dentro de un marco fiscal responsable. Sin embargo, entendemos que más allá de dicha aprobación, es importante dejar claro que la ley PROMESA NO es suficiente para proveer un ambiente adecuado que reactive el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico. El enfocar un plan solo en recortes y balances, sin incluir un plan de reinversión y desarrollo económico, jamás va a ser suficiente para la sostenibilidad económica de Puerto Rico”.
“Por tal razón debamos hacer un llamado al Congreso y unirnos todos: la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobernador, los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, la Comisionada Residente en Washington, el sector privado, el tercer sector y los ciudadanos en general; para educar al Congreso a que actúe con prontitud, más allá de la ley PROMESA, sobre el escenario fiscal y económico de Puerto Rico. Nos reiteramos en que el solo enfocarse en balancear caja, va a agudizar la crisis económica y social que enfrentamos”, añadió Álvarez Díaz.
Por su parte, la Asociación de Contratistas Generales de América-Capítulo de Puerto Rico dio su apoyo a las iniciativas para promover reformas estructurales y revitalizar la infraestructura de Puerto Rico incluidas en el Plan Fiscal sometido por el Gobierno de Puerto Rico el pasado 28 de febrero de 2017.
Francisco Díaz Massó, presidente de AGC-PR, señaló que “las medidas para facilitar las actividades de negocios, mejorar la eficiencia del capital, iniciar una reforma energética y promover desarrollo económico van de acuerdo con la filosofía de nuestra organización. También, entendemos que el enfoque en las Alianzas Público-Privadas como herramienta para financiar la revitalización de la infraestructura crítica de Puerto Rico es viable y acertado”.
En una misiva enviada a la Junta de Supervisión Fiscal expresando sus comentarios sobre el Plan Fiscal sometido por el Gobierno, AGC-PR también se pronunció a favor de la Secuencia de Implantación de Proyectos P3 establecida por el Plan Fiscal y a la inclusión de la infraestructura crítica como servicio esencial.
“Nos complace ver el enfoque y la importancia que el Plan Fiscal le pone a la modernización de la infraestructura crítica y la urgencia con la que planifica atender este asunto”, señaló Díaz Massó al recalcar que el impacto de la inversión en mejoras capitales de infraestructura a 10 años representa una inversión de $4,500 millones y la creación de sobre 100,000 empleos.
AGC-PR aprovechó esta oportunidad para reafirmarle a la Junta de Supervisión Fiscal los beneficios de darle participación prioritaria a las compañías de construcción de Puerto Rico, y a suplidores de materiales y servicio locales en la construcción de la monumental obra que se anticipa. Esta es la única manera de garantizar que la mayor parte de las ganancias del capital invertido permanezcan en la Isla y la creación de riquezas a nivel local, lo que resultará en la creación de empleos y en una economía vibrante y sostenible para el futuro.
