Por redacción de Sin Comillas

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones de la Oficina de Combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Las irregularidades afectan a la reglamentación, la compra de combustible, los desembolsos, el recobro de los costos por el alquiler de tanques a los proveedores de combustible y del registro y envío de contratos a la Oficina del Contralor (OCPR).

El Informe revela que la AEE llevaba hasta 19 años sin actualizar la reglamentación que rige los procesos de compra de combustible conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales. Esta situación podía propiciar que no se observaran procedimientos uniformes ni adecuados, con los consecuentes efectos adversos para la AEE.

La auditoría señala múltiples deficiencias contables como: el subarrendamiento -mediante correo electrónico y no en un contrato formal- de los tanques de combustible por $2.3 a un proveedor; no se había facturado $1.9 millones a tres proveedores de combustible en el 2012, sino hasta que nuestros auditores solicitaron información; los programas de facturación no estaban integrados al sistema de la Autoridad; y la información de los depósitos recibidos en las cuentas del banco de la AEE no era confiable, entre otros.

De hecho, el Informe comenta que el Departamento de Justicia realiza una investigación debido a que varios proveedores de combustible facturaban a base del 100% del volumen de venta aun cuando gozaban de un 60% de exención contributiva. Además, le facturaban a la AEE el 0.5% de tasa contributiva municipal cuando en realidad pagaron patente de 0.25% y 0.4%.

“Nuestros auditores identificaron que la Supervisora de Compras realiza funciones conflictivas ya que además de la responsabilidad de verificar las facturas, las prepara, tramita y realiza ajustes. Además, contrario a la Ley 18 y a la Reglamentación 33, la Autoridad no había remitido a la Oficina del Contralor, copia de un contrato y enmienda por $507 millones por los cuales ya había pagado unos $306 millones antes de haberlos registrados en nuestra Oficina”, señala el informe, que cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de enero de 2017 y está disponible en la página de Internet de la agencia.

Además, la dilación en la entrega de documentos por parte de la AEE, dificultó la labor de los auditores. En 175 ocasiones solicitaron documentos que “por dejadez y diligencia por parte de los funcionarios se demoraron hasta 516 días en entregarlos, esto a pesar de las tres reuniones con los directores ejecutivos y dos, con el Presidente de la Junta de Gobierno en las cuales le solicitamos su intervención”.

“Nuestros auditores colaboraron con la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la Compra y Uso del Petróleo por la AEE y de Integridad Gubernamental establecida por el Senado el 19 de mayo de 2014. La investigación reveló, entre otras, irregularidades en los estados financieros de los licitadores y en el reembolso de las patentes, manipulación de las curvas de calibración para el análisis de combustible, patrón de favoritismo con un laboratorio que realizaba los análisis de combustible, y múltiples violaciones de ley en la contratación de dos proveedores que habían sido convictos, o culpables de delitos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos”.