Rosario Rivera, presidenta de la Asociación de Economistas. (Foto Sin Comillas)
Por Luisa García Pelatti
La Asociación de Economistas apoya la sustitución de un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pero lo hace con ciertas reservas por aspectos que todavía no se han aclarado. Les preocupa que no se hayan definido los mecanismo para atender la regresividad; que la implantación se realice en apenas 8 meses; les preocupa cómo se va a atender la contracción de la actividad económica; cómo y cuándo se va a producir la reestructuración del Departamento de Hacienda. Insisten en que las reformas deben ir acompañadas de un plan de desarrollo económico. Pero sobre todo, les preocupa que los legisladores no puedan resistir las presiones de los diversos sectores para ampliar la lista de exenciones. Cuantas menos exenciones mejor, dijeron los economistas, porque sino el IVA pierde efectividad.
La Asociación de Economistas, y varios economistas a título personal (Ramón Cao, Antonio Rosado, Vicente Feliciano, Juan Lara, José Toral, José A. Herrero, Antonio Fernós y Gustavo Vélez), participaron ayer en las vistas que el Senado y la Cámara de Representantes celebraron de forma simultánea.
Los economistas, que llevan años abogando por un IVA, advierten que las exenciones deben ser mínimas para garantizar el funcionamiento adecuado del IVA como instrumento contributivo. El impuesto pierde rápidamente mucha de su efectividad cuando se va distorsionando con exenciones y tasas múltiples. El proyecto propuesto presenta una lista de 17 exenciones, que algunos economistas califican como “incompleta y confusa”.
Rosario Rivera, presidenta de la Asociación de Economistas, señaló que el mecanismo para compensar la regresividad de la implantación del IVA debería estar definido “de forma clara y precisa” en el proyecto presentado a la Legislatura, algo con lo que parecieron estar de acuerdo el resto de los economistas. Además, le preocupa que a estas alturas no conozcamos cuáles serán los criterios para compensar a los contribuyentes. La Asociación apoya la inclusión de un crédito al trabajo como mecanismo de compensación por la regresividad.
Ramón J. Cao García, un economista experto en el sistema contributivo, es razonable que el IVA grave los alimentos, procesados o no. Las compras de alimentos de las personas con bajos ingresos estarían mayormente exentas. Pero si, por razones de política pública se quiere proteger, recomienda una tasa de IVA menor, “digamos por ejemplo, de 8%”. Los pobres no van a pagar “gran cosa por concepto e IVA”. Están exentos de IVA los gastos de consumo de alimentos del Programa de Asistencias Nutricional (PAN), los servicios médicos y medicinas pagados con la tarjeta de salud del gobierno, los alquileres subsidiados, las escuelas públicas. Los gastos de consumo que pagarían IVA se limitarían a ropa, entretenimiento y alimentos en restaurantes y cafeterías.
“La situación es muy diferente para los pobres que trabajan”, para ellos “el IVA plantea el mayor problema en cuanto a equidad social”. El crédito reembolsable es una propuesta razonable para esta población, asegura Cao, pero advierte que la implantación podría ser “una pesadilla administrativa” y una fuente de fraude. Varios economistas cuestionaron que no se hayan ofrecido detalles sobre el quién, cuánto y cómo de esos alivios.
Cao atrajo la atención sobre el efecto de los cambios propuestos en la boyancia del sistema, la capacidad para que los recaudos crezcan con la economía y sostener los gastos del gobierno.”Es claro que el sistema actual no es boyante, ya que estamos hablando del cuarto cambio sustancial en reglas tributarias en menos de 10 años”.
Un punto de consenso entre los economistas es que se mostraron en contra de gravar la educación, ya que consideran que es una inversión y no un bien de consumo. “Existen razones válidas para que unos padres responsables opten por la educación privada para sus hijos, a pesar del costos económico que eso conlleva. No se me ocurre razón alguna para que el estado penalice a esos padres”, apuntó Cao. Que el IVA grave la educación contradice el propósito del impuesto, que debe gravar el consumo y promover la inversión y mayor productividad.
En el caso del IVA a la educación universitaria privada el problema es la equidad. La proporción de estudiante con bajos ingresos es mayor en las universidades privadas. Los estudiantes con mayores recursos suelen asistir a universidades en Estados Unidos a la Universidad de Puerto Rico, y en ambos casos no pagarían IVA. El gobierno intenta penalizar a los estudiantes con menos recursos.
“Añadir un impuesto a la educación privada, nos empobrece como pueblo, como sociedad y nos hace verdugos y cómplices de mantener la población en la pobreza”, comentó el economista José Toral.
Rivera cuestionó que se trate de implantar el IVA en un periodo de 8 meses, cuando en la mayoría de los países ha tomado entre 15 y 24 meses y preocupa el IVA a los servicios médicos de los de mayor edad. También cuestionó como se pretende afrontar la reducción del Producto Nacional Bruto que anticipa el informe de la firma KPMG y considera que la tributación de la renta a los comercios “representa un costo brutal adicional a las operaciones” principalmente de las pequeñas empresas.
Varios economistas creen que se debe evaluar el umbral de $75,000 o menos para la aplicación del IVA a pequeñas empresa. Puede ser adecuado para servicios con un alto contenido de valor añadido y que no requieren muchos empleados, pero no en otro casos.
Cao se mostró sorprendido de que se plantee que el IVA tiene que ser de tasa única, cuando en otros países es frecuente que haya dos o más tasas. “Disponer de un número limitado de tasas ofrece la flexibilidad al impuesto para el trato de bienes y servicios cuyo consumo se considere que debe ser protegido, o que debe ser estimulado porque es meritorio”. El economista también dice que el proyecto confunde tasa cero y exenciones a ciertos bienes y servicios.
El proyecto tampoco explica cómo se llegó a un IVA de 16%, tampoco se ha explicado cuánto es lo que el impuesto debe recaudar. “Me parece conveniente que se explique cuál es el monto de los ingresos adicionales recurrentes que requiere el fisco; incluyendo que se explique por qué es la cantidad que se diga y no otra, así como cuál ha de ser el uso que se le dará a ese ingreso adicional”, plantea Cao, que ante los errores de redacción propone que se vuelva a redactar la sección del IVA en el Proyecto de la Cámara 2329.
Es un contrasentido que se exima del pago del IVA a los medicamentos recetados y los equipos para personas con impedimentos, pero se graven los servicios médicos y hospitalarios. “Como cuestión de principio, estoy en totalmente opuesto a que se grave un impuesto a una persona que se enferma”, dice Cao, que advierte que administrar un sistema así “sería una pesadilla”.
Respecto a la decisión de no desglosar el IVA en los recibos de compra, los economistas consideran que es un asunto de transparencia. No se han explicado las razones de por qué se hará así. Cao considera que debe ser un error de redacción como muchos otros que ha encontrado en el proyecto) “a menos que tengamos algún discípulo tardío de Amilcare Puviani tratando de promover mayor ilusión fiscal en el sistema tributario local. Tengamos claro que una de las virtudes del IVA (y de paso del IVU) es que se distingue con claridad que el precio es el precio y el impuesto es el impuesto”.
Durante las vistas (seguimos en totalidad las del Senado y sólo parcialmente las de la Cámara) las preocupaciones de algunos legisladores se centran todavía en el efecto inflacionario del IVA. Los economistas explicaron que el efecto en los precios será pequeño, que no causará un aumento en la inflación, pero éste es un aspecto en el que tendrán que realizar una labor pedagógica más concienzuda. Los economistas intentaron explicárselo con poco éxito a uno de los legisladores.
El economista José Toral calificó de confiscatorio un impuesto de ganancias de capital de 30%; considera exagerado el impuesto a los dividendos; criticó la inclusión de los pagos de seguro social en los ingresos, la falta de transparencia; el sentido de indefensión de los consumidores al no incluir por separado la porción del IVA que se paga en las compras. “Con todos estos defectos y muchos más, el proyecto de ley parece haber sido preparado con consideraciones contables y no económicas”.
Durante las vistas (seguimos en totalidad las del Senado y sólo parcialmente las de la Cámara) las preocupaciones de algunos legisladores se centran todavía en el efecto inflacionario del IVA. Los economistas explicaron que el efecto en los precios será pequeño, que no causará un aumento en la inflación, pero éste es un aspecto en el que tendrán que realizar una labor pedagógica más concienzuda. Los economistas intentaron explicárselo con poco éxito a uno de los legisladores.
Por otro lado, parece haber una nueva corriente en el Capitolio que estaría contemplando que la subida del 7% al 16% en el impuesto al consumo se haga de forma escalonada.
