Por redacción de Sin Comillas
El Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno (COR) dijo que los recientes intentos del presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, para justificar recortes a las pensiones utilizando lo sucedido con las pensiones en el caso de la quiebra de Detroit están basados en datos incorrectos. Detroit no recortó las pensiones de sus jubilados en un 22%. Detroit no hizo ninguna rebaja a las pensiones de policías y bomberos retirados y sólo recortó en un 4.5% las pensiones de los demás retirados.
El juez retirado Miguel Fabre, presidente del COR, declaró que “compararnos con otros casos de quiebra, como el de Detroit, en un aparente intento por justificar la insistencia de la Junta en reducir las pensiones es contraproducente a las metas de PROMESA. Damos la bienvenida a una discusión honesta sobre el plan fiscal propuesto, pero esa discusión debe estar basada en información correcta”.
Fabre señaló que “lo cierto es que Detroit no redujo significativamente los beneficios de las pensiones de sus niveles previos a la bancarrota; y aunque redujo, y en algunos casos eliminó, aumentos futuros de los beneficios de pensión, insistir en que la reducción fue de 22% es un error”.
También es incorrecto sugerir que la situación económica de los pensionados en Puerto Rico es comparable a la de los pensionados de Detroit. Los datos del COR demuestran que, aunque las pensiones en Detroit son relativamente modestas -según los estándares de Estados Unidos- en promedio son significativamente más altas que las pensiones en Puerto Rico, donde la pensión media está por debajo del nivel federal de pobreza. El beneficio de pensión promedio para los retirados del gobierno en Puerto Rico ronda los $12,000 por año, muy por debajo del beneficio promedio para los retirados de la ciudad de Detroit, quienes recibían una pensión promedio de $20,000 que tras el ajuste vio una reducción de $900. Para el COR esto demuestra que las circunstancias de los retirados de Puerto Rico no son similares a la de los retirados de Detroit; y que cualquier la comparación sugiere que la reducción propuesta por la Junta a las pensiones no es justificada.
Fabre recalcó que antes de que Puerto Rico recurriera al Título III de PROMESA, sus pensionados ya habían sufrido reducciones significativas en sus beneficios de retiro, los cuáles han sido ignorados por la Junta en su insistencia por imponer mayores reducciones. “Cualquier recorte adicional será devastador, no solo para los retirados y sus familias; sino, como aseguran los economistas, para los esfuerzos de reactivar la economía de Puerto Rico”.
El Comité Oficial de Retirados del Gobierno (COR) fue autorizado por la Síndico Federal para representar los intereses colectivos de 167,000 empleados públicos en los casos de Título III para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA.
