Por redacción de Sin Comillas

La Cámara de Representantes aprobó las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 353, 354 y 355 (por petición de la Junta de Control Fiscal) que atienden el presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019 del Gobierno de Puerto Rico y asignan $8,782 millones para las operaciones del Gobierno.

La Resolución Conjunta 353 asigna $1,826,899,000 a las agencias públicas con el fin de desarrollar programas o actividades especiales, permanentes o temporeros; la Resolución Conjunta 354 autoriza el uso de $313,045,000 de los fondos cobrados por concepto del arbitrio al petróleo crudo o derivados del petróleo para ser utilizados para gastos de nóminas del Departamento de Educación y del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública; y la Resolución Conjunta 355 fija al Fondo General la cantidad de $6,955,614,000 para los gastos ordinarios de los programas y agencias de la Rama Ejecutiva y para los programas que componen las Ramas Judiciales y Legislativas.

El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, en turno expresó, “yo lo que vengo aquí es defender la prerrogativa de esta Cámara de Representantes de ejercer su poder constitucional de considerar el presupuesto de Puerto Rico y aprobar lo que entiende es justo y necesario para operar el Gobierno… la dinámica de esta Administración, desde el primer día, haciendo los ajustes en los gastos de Gobierno… Aprobando las leyes que son necesarias para procurar un gobierno que se ha ajustado a la realidad económica que vive Puerto Rico”.

Asimismo, añadió que “el presupuesto que estamos aprobando hoy, le devuelve a las agencias fiscalizadoras las propuestas del Señor Gobernador en términos del presupuesto que se le debe asignar a las agencias que fiscalizan al propio Gobierno de Puerto Rico. El presupuesto de estamos aprobando hoy, le devuelve al Departamento de Salud los fondos necesarios para que los Centros de Diagnósticos y Tratamientos (CDT) permanezcan abiertos, para que la sala de diálisis de Vieques permanezca abierta. Estamos poniendo la sensibilidad en el presupuesto que estamos aprobando hoy”.

Los representantes populares Jesús Santa Rodríguez, Javier Aponte Dalmau, Luis Raúl Torres Cruz y  Jesús Manuel Ortiz denunciaron que el presupuesto se aprueba sin evaluar el Código de Incentivos ni el Nuevo Modelo Contributivo, y aseguraron que el descuadre entre el presupuesto y el plan fiscal certificado traerá consecuencias nefastas.

“Este presupuesto, acordado entre el gobernador y la Junta, está repleto de inconsistencias y evidencia un gran problema de prioridades invertidas. Mientras los jefes de agencia advierten sobre los servicios esenciales que se afectarán por los recortes, el presupuesto aumenta los recursos de Fortaleza, OGP, la Junta y hasta partidas adicionales para litigios de título 3. Esto sin mencionar la propuesta de crear un fondo de 100 millones para pagar despidos injustificados en la empresa privada. El ejecutivo y la legislatura tienen las facultades para resignar fondos y dirigirlos a atender verdaderas prioridades y así proteger los servicios esenciales. No lo han hecho. No tomar acción es poner los intereses de la Junta sobre las necesidades más básicas de la gente”, dijo Ortiz.

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres dijo que “actualmente existe un descuadre de $135 millones que nos estarán disponibles porque no aprobaron el Nuevo Modelo Contributivo. De igual forma, no habrá el supuesto ahorro de $300 millones que traería el Código de Incentivos, puesto que tampoco fue evaluado ni aprobado paralelamente con el presupuesto”.