Por redacción de Sin Comillas

La Cámara de Comercio se opuso al Proyecto de Reforma Contributiva por entender que no cumple con unos puntos básicos que debe contener una verdadera reforma contributiva y por su impacto a la frágil economía de Puerto Rico. Así lo hizo saber su presidente, Ing.  José M. Izquierdo Encarnación, durante su ponencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Representantes en las Vistas Públicas.

“Ante esta coyuntura histórica, la Cámara de Comercio de Puerto Rico no se limita a esbozar su análisis y oposición al Proyecto de la Ley propuesto, sino que presentamos una nueva propuesta de Reforma Contributiva y Fiscal”, afirmó Izquierdo Encarnación”.  En su defecto, la CCPR propone una Reforma Gubernamental que incluye acciones concretas para el desarrollo económico, estimular la economía, atajar la evasión de impuestos, achicar y mejorar la gerencia y productividad del Gobierno, darle estabilidad a los ingresos del fisco, aliviar las contribuciones sobre ingresos de las familias, mejorar las condiciones de operación de las empresas locales y además una propuesta de fácil y pronta implementación”.

Según la Cámara de Comercio, su propuesta reconoce la situación fiscal de Puerto Rico, los retos de la ciudadanía y de las empresas y promueve los mecanismos para una implementación más efectiva.

Izquierdo dijo que la única manera de estimular la economía a corto plazo es promoviendo la construcción, por lo que recomendaron permitir una exención a las construcciones que sean para albergar facilidades que crearán empleos; manejando dichas exenciones al estilo de la Ley 212-2002.  Así también, recomendaron que se conceda depreciar a determinados proyectos de construcción, en uno o dos años.  “Es una depreciación acelerada al máximo, pero ha demostrado ser un incentivo efectivo (“expensing investments”) y no hay costo para el fisco si se trata de proyectos que de otra forma no se hubieran construido”, explicó el Ingeniero.

Por otro lado, se recomendó añadir a la Ley de las Alianzas Público Privadas en su renglón de proyectos a menor escala, donde el financiamiento sea exclusivamente privado, el mismo concepto de depreciación acelerada.

Durante la ponencia del ingeniero Izquierdo, también hizo hincapié en la importancia de reestructurar el Gobierno y reducir los gastos operacionales del Gobierno Central en 20% durante los próximos cinco años, a razón de 4% cada año.

Así también avaló la recomendación del informe preparado por KPMG sobre las tasas de contribución de ingresos de individuos.  La reducción sería según la tabla propuesta en el proyecto de Ley, pero con una exención sobre los individuos con ingresos de $35,000 ($70,000 en el caso de casados que rinden planilla conjuntamente y no usan el cómputo opcional).  Dicha reducción en tasas estaría sustentada en un aumento en el impuesto al consumo que sea proporcional con dicha reducción.

No obstante, instó a mantener las tasas preferenciales.  “Las tasas preferenciales históricamente han sido establecidas por el Gobierno porque fomentan la inversión en Puerto Rico, el ahorro y el ahorro para el retiro, los cuales son pilares de nuestro desarrollo económico y en fin redundaban en  crecimiento económico y  mejor calidad de vida para todos”, enfatizó el Ingeniero.

Propusieron además un aumento de 7% a 12% del IVU, propuesta que está atada la reducción ofrecido en la tasa de contribución sobre ingresos de individuos.  Favorecieron la eliminación del IVU municipal establecida en el Proyecto para integrarlo con el estatal, y sustituirlo por una aportación de un 1% a COFIM.

Aunque favoreció la integración de IVU como sistema, indicó que los municipios deben ayudar y ser parte de la fiscalización del IVU, ya que son sumamente efectivos en sus labores de fiscalización.  A estos efectos, la CCPR propuso que se incentive la fiscalización de los municipios mediante  el pago de 20% a los municipios de lo recogido del IVU por encima del 55%.

De igual manera, la Cámara de Comercio propuso regresar al IVU original con programación de transferencia automática de los recaudos al Departamento de Hacienda, eliminar del IVU la tributación de los servicios entre negocios establecida por la Ley Núm. 40-2013, eliminar el IVU en el muelle y el Sistema PICO denunciando que todos estos cambios han constituido una carga injustificada a los comerciantes y han complicado irrazonablemente el sistema contributivo.  Así también,  indicó que el IVU Loto aumenta injustificadamente los costos de los comerciantes y  los recaudos propuestos por el IVU Loto no se han materializado, por lo que no se justifica el gasto del Gobierno ni el gasto de los comerciantes en mantener este sistema.

Entre otras recomendaciones hechas por la CCPR se encuentra el establecer un pago para compensar el  impacto de la regresividad del aumento del IVU de 7% a 12% a los ciudadanos de escasos recursos, ingresos bajos y retirados.

Enfatizó en la necesidad de que Puerto Rico desarrolle la legislación con las debidas salvaguardas, la capacidad de imponer impuestos a las ventas vía internet indicando que afecta precisamente a los pequeños y medianos empresarios y que se estima que ya ha canibalizado el 10% de la ventas al detal.

La Reforma debe simplificar el sistema contributivo, de manera que el mismo sea uno más eficiente para el contribuyente y el Gobierno y debe contener un periodo transicional y de ajuste, que permita a la empresa privada afrontar dichos cambios y ejecutarlos propiamente.

Por último, recalcó que  la Patente Nacional debe mantenerse eliminada, por ser un impuesto confiscatorio e irrazonable.  También, propuso establecer un fondo de inversión en infraestructura que impacte el desarrollo económico Inter Regional y propuso reformar las contribuciones sobre la propiedad mueble y simultáneamente el sistema de auto-imposición de la propiedad mueble, eximiendo de tributación al inventario.  También se debe eliminar o reducir sustancialmente la tributación de maquinaria y equipo.  En término de las empresas, de no ser implementable este inciso, se recomendó la reducción de las tasas contributivas de las Corporaciones de acuerdo al informe de KPMG.