Por redacción de Sin Comillas

La Asociación de Hoteles y Turismo mostró su preocupación ante la propuesta de los presidentes de Cámara de Representantes y Senado de llevar a la sesión legislativa la aprobación del proyecto para legalizar las tragamonedas, sin un proceso de vistas públicas y sin discusión transparente.

“Estas acciones levantan más dudas que respuestas, ya que los propulsores de esta legislación no han querido dar detalles del proyecto y no han hecho público los estudios que, según alegan, están utilizando, en una clara improvisación para aprobar esta medida y menosprecio de la opinión de los ciudadanos que representan”, señaló Pablo Torres, presidente de la Asociación.

La organización teme que se aprueben y legalicen miles de tragamonedas sin discutir sus consecuencias y sin medir los resultados. “Como hemos señalado anteriormente, el gobierno tiene el estudio de Spectrum Gaming Group de 2013 que estima que legalizar 30,000 tragamonedas provocaría una pérdida de $149.1 millones en un escenario conservador, y de $194.6 millones en un ‘high impact scenario’. Hacemos un llamado para que se hagan públicas las enmiendas al proyecto de ley y que el mismo pueda ser evaluado en vistas públicas”, añadió Miguel Vega, pasado presidente de la asociación.

Según el estudio de Spectrum Gaming Group, se estima que la Universidad de Puerto Rico perdería entre $27.1 a $35.4 millones anualmente, mientras que el Fondo General y la Oficina de Turismo perderían entre $32.5 y $42.5 millones. “Por tanto eso no cuadra con las alegaciones de que la reforma contributiva es de ingreso neutral.  No se explica tampoco cómo se subsana la reducción de ingresos de la Universidad y del Fondo General, lo que se intenta despachar con una aprobación a “oscuras” sin presentar el texto de lo que se proponen aprobar, ni discutir el asunto de forma transparente en vistas públicas. Por otro lado, no se habla de qué pretenden hacer para prevenir el lavado de dinero”.

“Hoy, por primera vez en toda esta discusión, se hace referencia a proyecciones de recaudos contenidas en estudios privados pagados por partes interesadas. Pero no los hacen públicos, no los confrontan con el estudio Spectrum y no tienen el buen juicio de celebrar vistas públicas para evaluar su veracidad. La transparencia no existe en este proceso,” dijo Vega.