Por redacción de Sin Comillas
Ante el anuncio de la determinación del juez Fusté el pasado lunes, que declara inconstitucional la Ley 72 que aplicó un impuesto sobre los precios transferencia, la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) se mostró complacida con la decisión. ACDET señala que más allá de beneficiar únicamente a Walmart, esta decisión sienta un precedente que beneficia a todas las cadenas de tiendas que hacen negocios en la Isla, y a todo el sector productivo que genera empleos y realizan gran parte de sus compras a suplidores locales.
“Desde que se comenzó a discutir un primer intento de reforma contributiva en el 2015 advertimos al gobierno que las medidas que se estaban discutiendo en la Legislatura para aumentar los impuestos a algunas compañías del sector de la industria al detal serían detrimentales para la economía local. Nuestro llamado fue a que la reforma contributiva o medidas legislativas resultantes fueran justas para todos. Obligar un aumento al impuesto de “Transfer Pricing” y basar el mismo en la venta y no en la ganancia es confiscatorio y discriminatorio ya que apuntaba a muy pocas o una sola empresa en la Isla. La determinación del juez Fusté validó nuestra postura y dejó sin efecto un impuesto que atentaba contra la estabilidad de muchas tiendas en Puerto Rico. Nuestra economía no aguanta un impuesto más”, acotó Lymaris Otero, asesora de la dirección de ACDET.
“La decisión del juez ha salvado empleos, ha hecho justicia a un sector que aporta significativamente a la a la economía del país con más de 50,000 empleos y sobre $500 millones en pagos de impuesto y patentes, evitó más aumentos en precios a los consumidores, quienes ya tiene su bolsillo golpeado de tanto impuesto. Y más importante aún, evitó un golpe al ecosistema que se nutre de las operaciones de estas cadenas de tiendas en Puerto Rico, desde suplidores, agricultores, distribuidores, proveedores de servicios todos locales y empleos directos e indirectos”, señaló.
“No podemos olvidar lo peligroso que es para la economía del país que el gobierno siga añadiendo nuevos impuestos con la justificación de la crisis fiscal, como lo fue el caso de la patente nacional, que operaba como un impuesto sobre las ventas brutas y su efecto fue nefasto; casi quebró a un sinnúmero de empresas en Puerto Rico. Nuevamente hacemos un llamado a que las medidas legislativas en torno al manejo fiscal de Puerto Rico se revisen y sean justas para todos los sectores”.
