Por redacción de Sin Comillas

La Asociación de Abogados presentó ante el Tribunal Supremo una moción de Reconsideración para que atienda de forma urgente sus planteamientos en contra de la imposición del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los servicios legales.

“Es necesario que el Supremo dilucide la validez de este nuevo impuesto que afecta el acceso a la justicia y que violentaría importantes postulados de la profesión jurídica como funcionarios del Tribunal así como el privilegio abogado cliente. Convertir a los abogados en agentes retenedores de Hacienda puede exponer a los ciudadanos que ejerzan reclamaciones contra el Gobierno en perseguidos”, comentó Héctor R. Ramos, presidente de la Asociación.

El abogado de la Asociación, John Mudd, expresó que “presentamos la reconsideración pues solo faltaría un voto para llegar a los 5 jueces necesarios en el Tribunal Supremo para expedir este asunto de alto interés público y que ha generado gran preocupación en la clase togada y en el resto de la población”.

La Asociación de Abogados presentó el 15 de junio de 2015 una demanda impugnando la constitucionalidad del IVU a los servicios legales que tiene vigencia el próximo 1 de octubre de 2015. En su demanda, la Asociación de Abogados presentó un recurso de certificación para que fuera atendido por el Tribunal Supremo inmediatamente. El Tribunal Supremo denegó el recurso con 5 votos pero 4 jueces entendieron que el caso debía certificarse para, entre otras cosas, examinar el efecto sobre el acceso a la justicia que tiene el impuesto de 4% a los servicios legales que subirá a 10.5% en abril de 2016. Ello, tendría un efecto devastador en el acceso a la justicia y en la economía de la Isla a juicio de la Asociación de Abogados.