Por redacción de Sin Comillas

La Junta de Control Fiscal autorizó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a reestructurar sus deudas bajo el Título VI de Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) y certificó, sujeto a ciertas condiciones, el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés). El acuerdo supone una quita de hasta 45% de la deuda para algunos acreedores.

El Plan supone el desmantelamiento del BGF, el agente fiscal del gobierno y una entidad crucial en el financiamiento de la infraestructura del gobierno, pero también ha sido el emisor de una deuda que alcanzó niveles insostenibles.

La decisión de la Junta de Supervisión fue en respuesta a la solicitud de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), con fecha del 30 de junio de 2017, que indicó que la propuesta reestructuración, junto con ciertos acuerdos de transacción relacionados contemplados en el RSA, resultaría en una eficiente reducción paulatina y eventual cierre de operaciones y una abarcadora reestructuración financiera de las obligaciones del BGF.

AAFAF indicó también que al proceder bajo el Título VI de PROMESA con el apoyo del número requerido de sus acreedores, se entiende que el BGF podrá lograr su objetivo de maximizar el valor para sus accionistas, a la vez que se evitan la demora, los gastos y la incertidumbre asociados a un litigio.

El RSA permite una reestructuración organizada y consensual de una porción substancial de las obligaciones del BGF, incluyendo los bonos públicos, reclamaciones sobre depósitos de municipios y de ciertas entidades no públicas y reclamaciones bajo ciertas cartas de crédito y garantías emitidas por el BGF.

El acuerdo divide los activos del BGF en dos: la primera, con $5,300 millones en activos, será la encarga de emitir bonos nuevos. La segunda tendrá $50 millones en efectivos y préstamos municipales.

Los nuevos bonos consistirán de tres series, A,B o C, cada una con términos distintos— incluyendo distintas tasas de interés (o cupón) y tasas de intercambio—de entre las cuáles los reclamantes podrán escoger. En general, a mayor la tasa de intercambio entre el valor de la reclamación actual y el valor de los bonos nuevos, menor será su tasa de interés (o cupón). La Serie A tendrá una tasa de intercambio de 55% y con un cupón de 7.50%. La Serie B tendrá un intercambio de 60% y un cupón de 5.50% y la Serie C, con un intercambio del 75%, tendrá un cupón de 3.50%.

Las Series A y B estarán garantizadas por un primer gravamen sobre los activos a ser transferidos del BGF al emisor con respecto a los pagos de principal y tendrán igual derecho a pagos amortizados de principal a partir del efectivo disponible. La Serie C estará garantizada por un segundo gravamen sobre los activos con respecto a los pagos de principal y, a menos que ocurra un evento de incumplimiento de pago, no tendrá derecho a pagos de principal hasta tanto las Series A y B se hayan pagado en su totalidad.

El interés se pagará semi anualmente en igualdad de condiciones para las tres series en la medida en que haya efectivo disponible a partir de los cobros. Si el efectivo para el pago semi anual correspondiente fuese insuficiente, el interés se pagará “en especie”.

El RSA ya cuenta con el apoyo del 51% de las reclamaciones participantes. Según AAFAF, al 21 de junio de 2017, 394 individuos, tenedores de más de $2,450 millones en reclamaciones contra el BGF, habían firmado el RSA, la vasta mayoría de los cuales son acreedores de la Isla. De hecho, más de 300 tenedores de bonos de la Isla y unas 50 cooperativas de la Isla han suscrito el RSA.

El RSA también tiene el apoyo del grupo Ad Hoc de acreedores del BGF, que posee más de $1,000 millones en bonos públicos del BGF. Se indicó también que, bajo el RSA, los depositantes municipales de Puerto Rico y los tenedores de bonos del BGF de la Isla recibirán trato igual que aquellos tenedores de bonos que están fuera de la Isla, todos como acreedores generales no-garantizados.

Residentes e instituciones de Puerto Rico constituyen el 56% de los acreedores del BGF. El plan debe ser aprobado por el tribunal.