Por redacción de Sin Comillas
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda envió una carta a la jueza Judith Dein del Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, respaldando el pedido de que ordene una investigación independiente sobre el rol del Banco Popular, Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la deuda pública.
“Nuestro colectivo insiste en que es insostenible que la gente de Puerto Rico pague $72 mil millones sin una auditoría completa, independiente y formal”, manifestó en la misiva la coordinadora del Frente Ciudadano, Eva Prados Rodríguez. El colectivo, llevará a cabo una manifestación mañana miércoles, a las 9:00 am, frente al Tribunal Federal de la Calle Chardón, donde se celebrará la próxima vista judicial de quiebra y se decidirá si se ordena la investigación solicitada.
En su carta, Prados Rodríguez reiteró a la jueza Dein la oposición del colectivo ciudadano DE que sea la Junta de Control Fiscal (JCF) la que se encargue de la auditoría, dado que dos de sus miembros – Carlos García y José González- fueron directivos de las instituciones que los acreedores del gobierno han solicitado investigar. “Nosotros exigimos una investigación independiente, transparente e imparcial y la Junta de Control Fiscal no cumple con los criterios que este tipo de investigación exige”, indica el documento.
Asimismo, Prados Rodríguez sostuvo que la JCF ha recomendado medidas adicionales de austeridad, con recortes presupuestarios que lacerarán aún más la maltrecha situación socioeconómica de Puerto Rico. “Estos recortes sin precedentes amenazan nuestra salud pública, la educación, oportunidades de empleo y derechos laborales, y el bienestar general de nuestro pueblo”, escribió la portavoz del Frente.
La jueza Laura Taylor Swain, encargada atender el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, delegó en la jueza Dein atender la solicitud del Comité de Acreedores no Asegurados para que se investigue, de manera independiente, cuál fue la participación del BGF y de estos bancos privados en las decisiones que condujeron al endeudamiento monumental del gobierno.
La comunicación a la jueza Dein tuvo el respaldo de organizaciones como la Asociación de Economistas, Asociación de Economía Política, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Alianza por la Salud del Pueblo, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Interamericana, entre otras.
“El gobierno no actuó solo. Aquí también se tiene que evaluar el desempeño de la banca y asesores financieros. Aunque nuestra propuesta es una auditoría integral y ciudadana, es indispensable que el Tribunal de Quiebra también ordene se haga una investigación independiente dentro del procedimiento de Título III, más cuando el gobierno y la Junta se han negado hacer una auditoría integral al eliminar la Comisión creada por la Ley 97 del 2015 y reconocida por PROMESA”, expresó el co-portavoz del Frente, Justo Méndez.
“Necesitamos mostrarle al Tribunal que esto, además de los méritos legales, es un asunto de justicia y prioritario para el pueblo de Puerto Rico”, declaró Méndez.
La auditoría de la deuda ha logrado el respaldo de más de 140,000 personas a través de la petición de firmas en www.auditoriaya.org. Además, ha logrado el aval público de distintas organizaciones públicas, entre las que destacan la Asociación de Economistas, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Liga de Cooperativas, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, VAMOS, Espacios Abiertos, entre otras.
