Por redacción de Sin Comillas
Se espera que el Gobierno pague alrededor de la mitad de los $2,008 millones que se vencen hoy. El Gobierno no pagó $911 millones. Entre los pagos que se espera que sí realice, porque tenían los fondos reservados, estarían $417.7 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); $212 millones de la Autoridad de Carreteras; $15 millones de Cofina; $10 de la Compañía de Fomento Industrial; $135 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AA); y $20.8 millones del Distrito de Convenciones, entre otras.
No se pagarán los intereses a los tenedores de bonos de Obligaciones Generales ($780 millones); $77.1 millones de bonos de arbitrio del run de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura; $4.4 millones de la Autoridad de Carreteras; y $1.4 millones de la Corporación para el Financiamiento Público. La Autoridad de Edificios Públicos hará un pago parcial de $151.8 millones utilizando fondos ya reservados y dejando sin pagar $25 millones. El Banco Gubernamental de Fomento publicó en su página de Internet una tabla con detalles de los pagos.
Al Gobierno le quedan sólo $200 millones en la cuenta operacional, lo que le da para operar hasta agosto o septiembre.
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) emitieron la siguiente declaración respecto a la implementación de nuevas medidas de emergencia por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a la Ley 21-2016, la Ley de Moratoria de Emergencia y de Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, según enmendada (“Ley 21”):
“El 30 de junio, el Gobernador de Puerto Rico tomó un paso histórico para proteger la habilidad del Estado Libre Asociado de proveer servicios públicos esenciales a los residentes de Puerto Rico y poner al Estado Libre Asociado en la ruta de la recuperación. De acuerdo con las facultades otorgadas al Gobernador conforme a la Ley 21, el Gobernador emitió dos órdenes ejecutivas, la Orden Ejecutiva Núm. OE-2016-30 y la Orden Ejecutiva Núm. OE-2016-31 (las “Órdenes Ejecutivas”), que declaran una moratoria en el pago de la deuda del Estado Libre Asociado y la deuda de ciertas de sus instrumentalidades, implantan varias medidas para preservar efectivo y liquidez y proteger al Estado Libre Asociado y a sus instrumentalidades del ejercicio de remedios por los acreedores mientras el Estado Libre Asociado atiende su crisis fiscal y económica.
“La situación fiscal del Estado Libre Asociado el último día del año fiscal 2016 es severa. A pesar de las medidas extraordinarias de manejo de efectivo y liquidez implantadas por esta Administración durante el último año fiscal, se espera que el Estado Libre Asociado termine el mes de junio con aproximadamente $200 millones en efectivo en su cuenta operacional (dicha cuenta conocida como “Treasury Single Account” o “TSA”), y aproximadamente $150 millones en fondos que fueron desviados de ciertas corporaciones públicas conforme a las Órdenes Ejecutivas OE-2015-046 y OE-2015-049 a la “Cuenda del Clawback”). De cara a esta liquidez limitada, el Estado Libre Asociado enfrenta el 1 de julio aproximadamente $1 mil millones en obligaciones de servicio de la deuda de obligación general (“Obligaciones Generales”) y deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vencen y se hubieran pagado de fondos disponibles en el TSA, de manera directa o, en el caso de ciertas obligaciones garantizadas, como aquella que corresponde a la Autoridad de Edificios Públicos, indirectamente mediante apropiaciones presupuestarias (incluyendo pagos por concepto de arrendamiento) del TSA, que se hubiesen usado para el servicio de la deuda. Luego de contabilizar las reservas disponibles para el pago de las Obligaciones Generales y la deuda garantizada por el Estado Libre Asociado que vence el 1 de julio, el Estado Libre Asociado proyecta que aún adeudará a los acreedores de las Obligaciones Generales y de obligaciones garantizadas por el Estado Libre Asociado sobre $800 millones el 1 de julio de 2016. Incluso si el Estado Libre Asociado destinara cada centavo del TSA y la Cuenta de Clawback al pago de la deuda el 1 de julio, todavía adeudaría a los acreedores de la deuda pública cientos de millones de dólares.
“Las proyecciones de flujo de caja del Departamento de Hacienda para este año fiscal presentan un panorama de emergencia. En base a las proyecciones del Estado Libre Asociado, el gobierno deberá continuar implantando ciertas medidas extraordinarias para el manejo de liquidez en los próximos seis meses — tales como retrasar pagos a suplidores y las aportaciones especiales a los sistemas de retiro del Estado Libre Asociado, extender el financiamiento interno al Estado Libre Asociado por parte de ciertas de sus instrumentalidades y retrasar los gastos de capital — para seguir proveyendo servicios esenciales a los ciudadanos de Puerto Rico. Estas medidas deberán implantarse incluso si el Estado Libre Asociado no pagase las Obligaciones Generales ni la deuda garantizada por el Estado Libre Asociado durante este periodo. Luego de tomar estas medidas extraordinarias, en base a las proyecciones actuales de gastos e ingresos, el TSA agotará su balance de liquidez dentro de los próximos 30 a 60 días. Incluso después de la implantación de las medidas de las Órdenes Ejecutivas, aún se proyecta que el saldo en el TSA disminuya en aproximadamente $95 millones durante el remanente de este año. Esta es una posición de efectivo peligrosamente baja para un gobierno que financia servicios a millones de puertorriqueños.
Las Órdenes Ejecutivas firmadas por el Gobernador en el día de ayer responden a la actual posición financiera crítica del Estado Libre Asociado y que sólo se anticipa que empeore durante los próximos meses.
- Primero, las Órdenes Ejecutivas declaran al Estado Libre Asociado y a varias entidades gubernamentales adicionales en estado de emergencia, y extienden el estado de emergencia que fue declarado previamente para ciertas entidades gubernamentales. Entre ellas, se incluyen entidades operativas como la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que proporcionan servicios esenciales a los puertorriqueños, y entidades financieras como la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, cuyas obligaciones de pago de servicio de la deuda son respaldadas por contribuciones pagadas por los puertorriqueños.
- Segundo, las Órdenes Ejecutivas permiten al Estado Libre Asociado y a otros emisores suspender la transferencia de ciertos fondos a y desde las entidades, para ayudar en la conservación de efectivo en el gobierno central y, como resultado, evitar un cierre de gobierno y sus consecuencias para millones de ciudadanos de puerto Rico que dependen de los servicios que provee el mismo.
- Tercero, las Órdenes Ejecutivas implantan una paralización en los remedios de los acreedores frente a estas entidades. Esto es un elemento crucial que le permite al Estado Libre Asociado a buscar una reestructuración de la deuda y a enderezar la nave, sin la cual los recursos humanos y financieros de Puerto Rico se desviarían a tener que ocuparse de decenas de demandas buscando un pedazo de un bizcocho rápidamente recrudeciéndose – y el consumo de recursos y fondos por litigios solamente continuarán afectando las recuperaciones de nuestros acreedores.
- Cuarto, las obligaciones de pago del Estado Libre Asociado bajo las Obligaciones Generales y la deuda garantizada, junto con las obligaciones de pago de ciertos otros emisores, se suspenden hasta el 31 de enero de 2017.
“Si bien las medidas implantadas ayer no tienen precedentes en la Isla, no vienen sin avisarse. Incluso aunque el Estado Libre Asociado ha pasado el último año desarrollando un plan de crecimiento económico y fiscal sostenible e intentando llevar a los acreedores a la mesa de negociación para acordar un plan voluntario para aliviar la deuda, el gobierno siempre ha dicho que la deuda de Puerto Rico es impagable y que la música se detendría. Las medidas temporales que aparecen en los Órdenes Ejecutivas emitidas ayer son necesarias para que el Estado Libre Asociado cumpla con sus obligaciones de proveer servicios esenciales a los puertorriqueños y son necesarias para que el Estado Libre Asociado tenga las herramientas para llegar finalmente a un acuerdo con sus acreedores, sin las distracciones legales y económicas impuestas por impagos caóticos y desordenados. Estas medidas son parte del compromiso de este gobierno para corregir los errores fiscales de las últimas décadas, y no continuar con dichos errores, aceptando una solución superficial de financiamiento a corto plazo, que le endose a los puertorriqueños una deuda impagable adicional. Estas medidas promulgadas ayer, sin embargo, no ocuparán el lugar del alivio de la deuda real y significativo que el Estado Libre Asociado debe obtener o el trabajo duro que debe realizar el gobierno para controlar el gasto, alentar los ingresos y revitalizar la economía de la isla.
“Hoy, la implantación de estas medidas y la promulgación bajo PROMESA de un andamiaje de reestructuración federal, el Estado Libre Asociado está finalmente en posición de regresar a la prosperidad”.
