Por redacción de Sin Comillas
La Secretaria de Agricultura, Myrna Comas Pagán, y el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, se expresaron a favor de la derogación de las Leyes de Cabotaje, por los costos que implican en la transportación de productos a la Isla.
Las vistas públicas sobre la Resolución del Senado 237 entraron en su segundo día hoy, para analizar el informe del ‘Government Accounting Office’ (GAO) sobre las Leyes de Cabotaje.
“Hay casos en que se puede importar directamente desde los países de origen, evitando los intermediarios. Por ejemplo, en el caso de la cebolla que viene de Holanda, el costo de transporte por libra es mucho más barato, porque ese país subsidia el transporte desde el puerto de Amsterdam hasta San Juan”, dijo la Secretaria de Agricultura.
No obstante, Comas Pagán pidió un proceso riguroso de investigación. “Las Leyes de Cabotaje requieren un análisis mucho más amplio y debe incluir otros factores en la transportación marítima, porque dicha transportación marítima es parte del precio final que pagan los consumidores. Reconocemos la importancia de llevar a cabo este análisis y que la misma produzca los hallazgos necesarios que permitan resolver la situación que plantea esta resolución”, detalló la Secretaria de Agricultura. “No obstante, es importante fomentar la competitividad y el desarrollo económico de Puerto Rico y en consecuencia, que los consumidores se beneficien con más variedad de productos a unos mejores precios”.
Por su parte, el vicepresidente de MIDA, Reyes Alfonso, destacó que “apoyamos esta resolución de investigación y recomendamos que se evalúe solicitar al gobierno federal realizar cambios a nuestro sistema regulatorio, tanto para exceptuar el requisito de construcción de los barcos en Estados Unidos, como añadir supervisión al establecimiento de tarifas”. MIDA sugiere además la creación de una comisión de expertos para evaluar la cadena completa de suministros y hacer recomendaciones más allá de las Leyes de Cabotaje”.
Por otro lado, Luis E. Ortiz Ortiz, el director ejecutivo interino de la Compañía de Fomento Industrial, restó relevancia a los resultados del estudio del GAO. “Ya ese estudio tiene una información básica de las caractarísticas de la Ley aplicadas Puerto Rico y las posibles implicaciones. Ese estudio muy bien puede ser usado como base para otro estudio mucho más abarcador”.
En ese sentido, Ortiz recomendó una asignación presupuestaria para poder sufragar ese estudio abarcador. “Si Estados Unidos y Puerto Rico comercian cerca de $60,000 millones anuales en mercancías, que se asigne una cantidad para establecer un estudio completo, resulta razonable”. Ortiz aclaró que dicho estudio “no sebe comisionarse a institución alguna que tenga relaciones de negocio con la marina mercante norteamericana o extranjera. Debe ser una compañía de prestigio a nivel internacional”.
