Por redacción de Sin Comillas
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro, presentó una moción en el que solicita al Tribunal de Quiebras federal, distrito de Puerto Rico, que declare inconstitucional la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) y levante la paralización de casos de violación de derechos civiles.
ACLU cuestiona la constitucionalidad de PROMESA por que incumple la Cláusula de Uniformidad de la Ley de Quiebras, la Quinta Enmienda y viola el deber de fiducia de Estados Unidos bajo el Derecho Internacional.
La moción es parte de una demanda civil presentada a nombre de Xiomara Rivera, víctima de abuso policíaco en la barriada Morales, en Caguas, en el 2015.
“La presentación de un procedimiento de bancarrota bajo PROMESA no puede convertir la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en una zona libre de derechos civiles”, argumenta ACLU.
El recurso presentado considera que es una la práctica anti-democrática “detener indefinidamente las reclamaciones por violaciones de derechos civiles de los residentes de Puerto Rico durante el curso del pleito de Título III, que reestructurará la deuda pública de nuestro país”.
“Nos encontramos en una zona exenta de derechos civiles donde, particularmente la Policía de Puerto Rico, actúa en este momento en absoluta impunidad, sin mecanismo alguno de supervisión independiente ni rendición de cuentas”, señala ACLU.
9334-1-MEMORANDUM IN SUPPORT OF ARGUMENTS
