Vista

Por redacción de Sin Comillas

Hubo consenso entre los cincos participantes en la vista del martes de la Subcomisión de Asuntos Indígenas, Insulares y Nativos de Alaska de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: se necesita crear una junta federal de control fiscal para resolver la crisis de deuda de Puerto Rico. Sobre el Capítulo 9 se habló poco y hubo menos consenso. Sin embargo, el tema del estatus político de la Isla estuvo más presente que en otras ocasiones, gracias no solo a los congresistas puertorriqueños (Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y José Serrano) y al Comisionado Pedro Pierluisi, sino también a Simon Johnson, profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology, que dijo que “Puerto Rico enfrenta una crisis muy seria y que no estaría donde está si fuera un estado”.

El Comité incluyó presentaciones de Anthony Williams, ex alcalde de Washington D.C., que tuvo una junta de ajuste fiscal durante siete años; Carlos García, ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); Simon Johnson, profesor de economía del Massachusetts Institute of Technology; Eric LeCompte, de la coalición religiosa Jubilee Usa, y Thomas Moers Mayer, socio de Kramer Levin Naftalis & Frankel , una firma de abogados con sede en Nueva York, en representación de las compañías de inversiones OppenheimerFunds y Franklin Advisors.

Todos estuvieron de acuerdo en que Puerto Rico necesita una junta de control fiscal, pero no hubo consenso sobre cuál debe ser el alcance de sus poderes. Mientras Johnson defiende que la junta debe respetar la autonomía de la Isla, el ex alcalde de Washington cree que es importante que la junta tenga poder de veto sobre el presupuesto. García, quien presidió el BGF durante la administración de Luis Fortuño, también defendió una junta federal. Por su parte, Pierluisi mencionó que estaría dispuesto a aceptar que la junta designe un tercero para mediar en las negociaciones para la reestructuración voluntaria de la deuda.

Serrano advierte que el mayor reto es ofrecer asistencia sin “hacer más daño”. Una junta que le quite poderes al Gobierno de Puerto Rico sería como “poner de rodillas a Puerto Rico cuando ya tiene una rodilla en el piso”. “PuertoRico es una colonia de EEUU. El Congreso tiene que asumir responsabilidad”, dijo Gutiérrez. “Mientras Puerto Rico no sea un país independiente o el estado 51, sus problemas no van a desaparecer”, afirmó Serrano.

Con el Capítulo 9 hubo menos consenso. Moers Mayer, el abogado de las compañías de inversiones, se mostró en contra de que se le permita a Puerto Rico utilizar la protección del Capítulo 9, advirtió que eso le cerraría el acceso a los mercados financieros y defiende que el Gobierno de la Isla llegue a un acuerdo con los acreedores similar al que alcanzó con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Johnson, en cambio, insiste en una solución abarcadora que permita poder reestructurar toda la deuda pública, si fuera necesario.

Este mismo mes el Congreso de Estados Unidos podría citar a otra vista pública para tratar la crisis de deuda de Puerto Rico, según señaló Rob Bishop, presidente de la Comisión de Recursos Naturales.