Por Luisa García Pelatti
Abertis, la compañía matriz de Metropistas, ha llegado a un acuerdo con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para extender 10 años más (hasta 2061) la concesión de 40 años para operar las autopistas PR-22 y PR-5. A cambio, Metropistas tendrá que pagar $115 millones y la ACT reducirá de 50% a 25% por concepto de su participación en los ingresos de peaje, según un comunicado de la compañía. El Gobierno de Puerto Rico no informó de la transacción.
Metropistas hará un pago inicial de $100 millones y los restantes $15 millones los pagará, como muy tarde, el 30 de junio de 2017.
Con el acuerdo, Metropistas se asegura una concesión por la que pasan cada día una media de 67,224 vehículos. Abertis está presente en Puerto Rico desde hace más de 20 años con la operación del Puente Teodoro Moscoso.
En 2015, Metropistas aportó a los resultados del Grupo Abertis 107 millones de euros ($121 millones) en ingresos y 69 millones de euros ($78 millones) en Ebitda (“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”). Según explica Abertis en un comunicado, “la deuda neta de la compañía asciende a $770 millones, con un vencimiento medio de alrededor de 14 años, tras la refinanciación realizada el pasado año, un importante hito para la compañía que le permitió alargar el plazo de vencimiento de su deuda y demostrar su capacidad para acceder a los mercados de capitales. Prueba de ello es el reciente anuncio por parte de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s de mantener sin cambios su rating sobre Metropistas en grado de inversión, muy por encima del nivel en el que se sitúa la deuda del Estado de Puerto Rico”.
La PR-22 (expreso José de Diego) es la más transitada de Puerto Rico. Discurre a lo largo de 83 kilómetros conectando San Juan con Arecibo. Por su parte, la PR-5 –abierta al tráfico en 2006- es una extensión de cuatro kilómetros de la PR-22 que cruza el área metropolitana de San Juan, en el área de Bayamón. Enlaza también con las autopistas PR-6, PR-2 y PR-199, donde finaliza su trazado.
Metropistas firmó el primer contrato de concesión se firmó en el 2011, y el Gobierno recibió $1,100 millones, la inversión privada en infraestructura más grande en Estados Unidos en ese año. Según se anunció en ese momento, esa inversión iba a permitir a la ACT saldar gran parte de su deuda pública.
Pero no permitió saldar toda la deuda. La ACT todavía le debe más de $2,200 millones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Y es principalmente esa deuda, y no poder financiarla con una emisión respaldada por un impuesto a la gasolina, lo que ha llevado al BGF a la situación en la que se encuentra en la actualidad. El BGF debe pagar $422 millones el 1 de mayo. El Gobernador ha señalado que no hay dinero para pagar esa deuda. ¿Utilizará el Gobierno estos $115 millones para pagar la deuda? ¿Se hizo esta transacción con ese objetivo? El Gobierno deberá explicarlo.
