Por redacción de Sin Comillas

La Asociación de Contratistas Generales (AGC) solicitó que, con carácter de urgencia, el Gobierno incluya a la industria de la construcción dentro de los “servicios esenciales” utilizado en la Ley 21 del 6 de abril del 2016 que autoriza al Gobernador a declarar un estado de emergencia y decretar una moratoria sobre los pagos del gobierno por medio de orden ejecutiva.

“No incluir a la industria de la construcción en el renglón que garantiza los servicios esenciales de los ciudadanos sería una decisión nefasta y desacertada, debido a que son precisamente los constructores y Contratistas Generales los que le dan mantenimiento y construyen la infraestructura vital de Puerto Rico, incluyendo pero sin limitarse a carreteras, puentes aeropuertos, puertos, agua potable, energía eléctrica y vivienda pública”, precisó Neyssa Varela.

Varela añadió que “nunca antes en la historia de Puerto Rico la industria de la construcción se había encontrado en una situación tan frágil y tan vulnerable ante la falta de información y certeza por parte del Gobierno y sus agencias respecto al futuro de los proyectos y obra de infraestructura bajo construcción. Cada día que pasa es un suspiro menos que le queda a la industria”. En el renglón de acueductos, solamente, ya se han suspendido 55 proyectos de infraestructura vital para garantizar el acceso de nuestros ciudadanos a agua limpia y se han pospuesto 86 proyectos adicionales que estaban en su etapa de subasta, señaló.

Varela indicó que la Ley 21 firmada por el Gobernador el 6 de abril de 2016 estipula claramente en el Artículo 108 que “dada la crisis fiscal por la que atraviesa le Estado Libre Asociado, durante este periodo de emergencia el Gobernador debe darle prioridad a los servicios esenciales sobre el pago de la deuda no sólo para proveer para la salud, seguridad y bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado pero también para evitar una contracción  económica adicional y la crisis fiscal y humanitaria…”.

Asimismo, Las enmiendas aprobadas a la Ley 21 por la Cámara de Representantes son muy claras al establecer que no se puede declarar moratoria sobre las obligaciones del gobierno dirigidas “a promover actividades y programas de desarrollo económico”.